Han sido numerosas, este verano, las noticias relacionadas con la inmigración: desde la incesante llegada de pateras a Andalucía o Canarias al pintoresco encierro en la Universidad Pablo de Olavide o los delitos de las mafias extranjeras.

La inmigración es un tema de actualidad. Tiene repercusiones en campos muy variados, como la cultura o la seguridad ciudadana. Y, por supuesto, en la economía. Algunos se preguntan: ¿es perjudicial la inmigración para la economía española?

La respuesta no es taxativa. Como todo, la emigración tiene efectos positivos y negativos sobre la economía de nuestro país.

En primer lugar, los inmigrantes cubren empleos que los españolitos – mal acostumbrados por los copiosos subsidios de desempleo – desprecian. Así evitan estrangulamientos en el mercado de trabajo y lubrican la economía, permitiendo que sigan funcionando actividades como la construcción o los servicios.

Es falso que los inmigrantes roben trabajo a los españoles. Primero, porque realizan tareas que en caso contrario no haría nadie y, segundo, porque al garantizar el buen funcionamiento de algunas actividades, favorecen el dinamismo de la economía, lo que a largo plazo crea empleo.

Tampoco está demostrado que la emigración contribuya a la caída de salarios. Quizá este fenómeno podría ocurrir en mercados competitivos, pero no, desde luego, en nuestro distorsionado mercado de trabajo. Otra cosa distinta – en la que no entraré - es qué salarios perciben los emigrantes, pero los salarios de equilibrio de la economía, a priori, no tienen por qué alterarse ante la entrada masiva de trabajadores de otros países.

¿Suponen los inmigrantes un coste neto para la Hacienda? Pregunta interesante pero, por desgracia, imposible de responder por la complejidad de los cálculos que implica. Para ello sería necesario computar lo que aportan los inmigrantes y restar lo que detraen. En otras palabras, sumar los impuestos que pagan – incluidos los flujos futuros – y restar los costes derivados del uso de bienes de provisión pública, como la sanidad o la educación. Puesto que gran parte de los emigrantes que atienden los médicos de la seguridad social carecen de papeles, este coste es difícil de precisar. De ahí que las cifras sobre la aportación o carga neta para la hacienda de la emigración no pasen de ser una conjetura.

En cualquier caso, el efecto económico de la emigración puede muy bien ser positivo. Liberalicemos, pues, la inmigración, y que la mano invisible regule las fronteras.

No es tan sencillo. La emigración tiene, como decía más arriba, consecuencias sociales importantes. La seguridad ciudadana es una de ellas. No entraré tampoco en el debate sobre la conexión entre criminalidad y emigración, pero cualquiera que lea la prensa se percibe que las mafias extranjeras proliferan, desde Marbella a Santander pasando por Madrid. La cultura es otro ámbito relevante. Las convicciones de otros, siempre que no lesionen los derechos humanos más básicos (como la integridad física) merecen el máximo respeto. Ahora bien, es legítimo, en mi opinión, el derecho de un país a preservar sus costumbres y su acervo cultural. Por eso los emigrantes deben tratar de adaptarse a la cultura del país de acogida.

En el terreno práctico, las dos posturas extremas que se adoptan ante el problema presentan puntos débiles. De una parte, los xenófobos que quieren cerrar nuestras fronteras se olvidan de que la emigración impulsó la economía de España en los años 50 - y de Estados Unidos en el siglo XIX - y que en este momento en nuestro país existen (todavía) vacantes sin cubrir.

De otra, las almas cándidas que piden la barra libre (todos dentro) olvidan algunos detalles. España no puede asimilar un número ilimitado de inmigrantes. Y flaco servicio resultaría – para ellos y nosotros - permitirles la entrada en nuestro país, para que se sumen al número, ya excesivo, de asesinos a sueldo, ladrones y camellos que operan en nuestro territorio. Parece razonable, entonces, vincular el permiso de residencia a la existencia de un contrato de trabajo. Lo contrario puede convertirse en una fábrica de delincuencia.

Otro razonamiento – muy interesante – que a veces emplean estas almas cándidas postula que la acogida de los inmigrantes por los países ricos – nótese que ya el lenguaje comienza a adquirir tintes demagógicos – es una deuda que estas naciones han contraído con las más pobres, explotadas cruelmente por los occidentales en el pasado. Este argumento se cae por su peso. En primer lugar, insisto, no se hace ningún favor a los colombianos o marroquíes a los que se deja entrar en España para ingresar en las filas de las bandas urbanas, porque no tienen trabajo. Y los empleos para los inmigrantes – como para los nativos – no se crean con una varita mágica. En segundo lugar, y dejando aparte la (discutible) existencia de una deuda histórica, un modo más eficiente de ayudar a los países en desarrollo es favorecer el saneamiento de sus economías, de modo que creen empleo y riqueza, y en un futuro no muy lejano no impulsen a sus habitantes a emigrar.

Resumiendo: en términos económicos, no parecen existir pegas a la emigración. Desde el punto de vista social y político, la cuestión no es tan sencilla y no puede tratarse fríamente. Y tan nociva es, a mi juicio, la xenofobia como la ingenuidad de pensar "aquí cabemos todos".

La Gaceta de los Negocios 2002
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