Blanca Sanchez-Robles

Universidad de Cantabria

Si Adam Smith levantara la cabeza y echara una ojeada a la economía europea, posiblemente emitiría un gemido, se envolvería en el sudario y volvería a la placidez de su tumba. Aquella hermosa metáfora de la mano invisible con la que explicó el funcionamiento del mercado parece haberse olvidado en nuestro continente. Al contrario, se observan multitud de manos, visibles, torpes e ineficientes, que entorpecen el funcionamiento de la economía.

Hace pocas semanas los principales líderes de la UE acordaban dejar en paz al BCE – evitando solicitar nuevas bajadas de tipos – y hacer sus propios deberes: acometer las tan manidas reformas estructurales. Pues bien, si existe un ámbito de la política económica comunitaria donde estas reformas son más acuciantes es la agricultura. En este terreno las manos visibles y artríticas derivadas de la política agrícola común (PAC) no acaban de eliminarse, aunque muchos coinciden en que están considerablemente gangrenadas.

Según lo dispuesto en el artículo 33 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, "el objetivo de la PAC es garantizar precios razonables a los consumidores europeos y una retribución equitativa a los agricultores". Nos encontramos ante un ejemplo de cómo la presunta búsqueda de la equidad merma considerablemente la eficiencia y, en último término, resulta contraproducente porque reduce la capacidad de generar riqueza por parte de la UE.

No hace falta ser Friedman para observar que la PAC constituye una maraña de reglamentaciones, subvenciones, picaresca e ineficacia difíciles de justificar en el siglo XXI desde una lógica económica.

Cuesta entender – yo no lo he conseguido – por qué un agricultor no puede cultivar lo que cree más adecuado, considerando la naturaleza de su terreno, el clima y sus propias preferencias; resulta sorprendente que, si un determinado año los ganaderos obtienen demasiada leche – en terminología más pedante, si sobrepasan la cuota láctea – son multados. Me sume en la perplejidad oír que aquellos que deben velar por el cumplimiento de la PAC no se fijan en si la finca x está explotada con mayor o menor eficiencia, sino que van a la caza del delito, en forma, por ejemplo, de un brote de coliflor ilegal ya que, a tenor de las indicaciones de Bruselas, en la finca x sólo deben plantarse girasoles aunque la tierra sea más propicia para las coliflores. Y así un largo etcétera. La meta para los agricultores no parece ser la eficiencia - que el trigo crezca más o que las uvas sean de mejor calidad - sino cumplir a rajatabla las recomendaciones de la UE con objeto de cobrar el total de las subvenciones. ¿Se ha parado alguien a pensar qué ocurriría si el dinero que consume la PAC - el 45% del presupuesto comunitario - se destinara a incrementar la productividad del sector agrícola europeo, innovando maquinaria, mejorando los fertilizantes o instalando regadíos?

Desde hace muchos años se oye que es preciso reformar la PAC, y es cierto que se ha progresado algo. En 1999, por ejemplo, se acordó simplificar la legislación agrícola y promover una agricultura sostenible (término un tanto críptico, por cierto). Sin embargo, los avances en este terreno parecen demasiado lentos. Ahora bien, la UE se acerca a un momento histórico – la ampliación– en el que la transformación de la PAC resulta más urgente.

Los países candidatos a la adhesión proceden en su mayor parte de la antigua Europa del Este. En la última década han intentado liberalizar sus economías, mediante la difícil transición de los modelos de planificación central al mercado. Es paradójico que en 2004, cuando accedan al club de los países más desarrollados de Europa, tengan que dar marcha atrás en su proceso de desregulación y retroceder en sentido contrario hacia la cultura de la subvención, la reglamentación y la ineficiencia.

Recordemos, además, que todavía está fresco en la memoria de los países candidatos el recuerdo de las prácticas al uso en la era socialista (corrupción, fraudes, verdades a medias a la hora de proporcionar estadísticas, economía sumergida y otras lindezas por el estilo). Sería una lástima hacerles volver a un régimen que guarda un cierto parecido con aquel estilo de economía. En mi opinión, realizaremos un flaco servicio a Polonia, Hungría o la Rep. Checa, si les obligamos a pasar por el aro de la PAC tal y como está concebida en la actualidad.

España toma el relevo de la presidencia de la UE el próximo enero. Quizá no sea el momento más propicio desde el punto de vista político y diplomático para acelerar la reforma de la PAC. Pero es posible que, al menos, se pueda estimular la inquietud en nuestros socios comunitarios sobre el tema, y de esta manera contribuir a impulsar las reformas. España ha sido siempre capaz de grandes gestas históricas. La modernización de la PAC sería una de ellas. ¿Podremos aprovechar la oportunidad?