Blanca Sanchez-Robles

Universidad de Cantabria

Una de las cosas que producen más satisfacción a un investigador es ver que determinadas hipótesis se corroboran con hechos reales. A veces, sin embargo, esa alegría queda empañada porque los hechos reales no son precisamente agradables o esperanzadores.

En los últimos años se ha generado una ingente literatura que, desde distintos ángulos, llega a una misma conclusión: la actuación eficiente de los poderes públicos y su colaboración con la empresa privada son imprescindibles para el buen funcionamiento de la economía, la creación de empleo y el aumento del bienestar de los ciudadanos. Un hecho recientemente sucedido en un lugar de España – que denominaré x – corrobora las tesis de estos trabajos.

En síntesis, el hecho es el siguiente: una empresa localizada en x decide acometer un proyecto que consiste en la construcción de una planta de energía eléctrica de ciclo combinado.

Hagamos un poco de historia sobre la compañía. La empresa – fundada hace más de 60 años - cuenta con más de 14000 accionistas y 630 trabajadores. Ha abierto oficinas en Madrid y Barcelona pero sus fábricas se encuentran en x. Uno de los productos que elabora es la celulosa, que posee múltiples aplicaciones; a partir de la celulosa se hace la viscosa, material muy empleado en prendas de vestir, sábanas, material hospitalario o incluso tapices. Por cierto que esta empresa es la única productora de viscosa de España, y una de las principales de Europa. La celulosa también se emplea para elaborar otros productos intermedios de los sectores químico e industrial, como el acetato o algunos tipos de aislantes y apliques. La empresa, asimismo, fabrica poliamida, usada en aplicaciones tan diversas como la ropa de deporte, las defensas de los coches o las carcasas de ordenador.

Como puede apreciarse, no estamos hablando de la producción de artículos extravagantes, anticuados o en retroceso. Al contrario, el output de esta empresa goza de una demanda cada vez mayor, diversificada en varios ámbitos y en expansión.

La actividad de la fábrica necesita, como es lógico, energía, que se genera por la propia empresa en su central termoeléctrica. Los excedentes de la energía no empleada en el proceso productivo (un millón de kw al mes, en promedio) se venden a la región x, cosa que a x, por cierto, le viene muy bien.

Hace meses, la empresa decide quintuplicar su potencia de producción eléctrica añadiendo una planta térmica de ciclo combinado de 800 megawatios. Es un proyecto de más de 42 millones de euros, que dará lugar a la mayor planta de cogeneración de nuestro país y permitirá aumentar la venta de excedentes energéticos a la región.

La empresa, sin embargo, se ha topado con un problema: la plataforma integrada por 25 colectivos y creada para manifestar su oposición al proyecto. En la plataforma – que previsiblemente adoptará el lema Energía térmica Nunca mais – hay asociaciones de vecinos y de padres de alumnos (que, parece ser, temen por la integridad física o moral de sus retoños) - ecologistas, y otros honrados ciudadanos, lógicamente preocupados por el grave riesgo que supone la construcción de la central para su salud y abrumados por el catastrófico impacto que ejercerá la planta energética sobre el medio ambiente de la zona. Además, el ayuntamiento de la ciudad, presumiblemente con la mejor de las intenciones, está entorpeciendo la construcción de la planta, extraviando documentos, exigiendo incontables informes de impacto ambiental y, en definitiva, colaborando a que los promotores del proyecto se aburran de la burocracia predominante en x y se trasladen a otro lugar más favorable a la idea.

Se combinan, además, varias circunstancias interesantes que hacen de este episodio un auténtico ejemplo de manual: la región donde se instalaría (si le dejan) la central ha visto aumentar su paro en los últimos meses; la construcción de la central crearía 1500 empleos durante su construcción y cien puestos de trabajo estables cuando la planta funcione. La región en la actualidad tiene un déficit energético; la construcción de una planta de 800 mw quizá pueda contribuir a remediar ese déficit. El proyecto constituye la mayor inversión privada de la historia de la región; buena parte de los expertos y políticos de esta CCAA se lamentan de que la región ha basado su crecimiento reciente en la construcción y no en la inversión. Muchos de los habitantes de x se quejan de la falta de inversión externa que acude a esta comunidad; parte del capital que anda en juego en el proyecto es extranjero. La CCAA en cuestión se ha desindustrializado considerablemente en las últimas décadas, y sus autoridades han prometido apostar por la industria en el futuro; está claro que desbloquear este asunto sería una buena forma de materializar la apuesta. Finalmente, la coalición que gobierna el ayuntamiento de la ciudad más próxima a la central ha obtenido el poder gracias al llamado Pacto de Progreso. Su actitud en este caso, en cambio, invita a pensar no tanto en el progreso sino en el regreso a una sociedad rural, idílica y primitiva, de vacas pastando apaciblemente en los prados y mujeres confeccionando encaje de bolillos a la suave luz de los quinqués; una sociedad, en fin, al más puro estilo amish.

A veces se dice que las autoridades pueden hacer poco para estimular una economía. La enseñanza que se saca del análisis de este hecho es que, por desgracia, pueden hacer mucho para entorpecer su buen funcionamiento. ¿Tan difícil de entender resulta esto para algunos políticos?