¿Moneda única, impuestos únicos?
"Me cuesta imaginar que 12 países ahora (y quizá más de 20 dentro de unos años) consigan ponerse de acuerdo sobre la magnitud de gasto público que desean y, por tanto, sobre la cuantía de impuestos que necesitan para financiar ese gasto. Una mirada a los datos muestra que la relación impuestos sobre la renta/PIB en la zona euro varía desde el 10% de España hasta el 18,6% en Finlandia."

B. SÁNCHEZ-ROBLES / UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

El canciller Schroeder ha afirmado en una reciente entrevista publicada en el Times que la UE debería determinar las políticas fiscales en los países miembros. Una vez que la moneda única circula ya con agilidad, se reabre el debate sobre la posible conveniencia de armonizar la política fiscal. Puesto que los 12 países de la UEM comparten moneda y política monetaria, ¿no sería oportuno que también los impuestos que pagan finlandeses y españoles, portugueses e italianos sean los mismos?

La tesis clásica que defiende la armonización fiscal postula que, si los impuestos son distintos en diferentes lugares de la UE, las empresas (y quizá los ciudadanos, aunque esto es más dudoso) encontrarán incentivos para dirigirse a aquellos lugares más ventajosos desde el punto de vista fiscal, lo que puede llevar a la desigualdad a largo plazo entre los países de la UE. Suena razonable, pero esta explicación presenta algunos problemas.

En primer lugar, ¿qué tiene de malo que los territorios compitan, también desde el punto de vista fiscal, para atraer inversión empresarial? Esto no sólo no es negativo sino, en mi opinión, muy saludable. Existen estudios que muestran que las multinacionales tienen en cuenta criterios fiscales - entre otros- a la hora de decidir dónde colocar sus filiales. En igualdad de condiciones, una empresa se decantará por montar una planta en el país A en lugar de en B si en A se pagan menos impuestos. A la vista de la maniobra, quizá B, en un futuro, reduzca los impuestos, lo cual a priori aumentará la eficiencia en el empleo de los recursos (ya que el sector público no se caracteriza por gastar con excesivo acierto). Por poner un caso concreto, si A fuera Irlanda y B España, y nuestro país hubiera seguido la política fiscal propicia a la inversión directa que llevó a cabo la nación celta en las décadas anteriores, otro gallo nos cantaría en estos momentos con respecto al gap tecnológico que nos aqueja.

En segundo lugar, y quizá éste sea el argumento más convincente, parafraseando al filósofo diré que lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. Me explico. Una sencilla ecuación matemática nos indica que Impuestos= Gasto Público + Déficit. El déficit máximo en la zona euro está fijado por el Pacto de Estabilidad en un 3% del PIB, (aunque algunos países decidan ahora que ciertos pactos son simbólicos).

Si el déficit está fijado, quiere decir que aproximadamente los impuestos deben igualar a los gastos, por lo menos a medio plazo. Pues bien, a mí me cuesta imaginar que 12 países ahora (y quizá más de 20 dentro de unos años) consigan ponerse de acuerdo sobre la magnitud de gasto público que desean y, por tanto, sobre la cuantía de impuestos que necesitan para financiar ese gasto. Una mirada a los datos muestra que la relación impuestos sobre la renta/PIB en la zona euro varía desde el 10% de España hasta el 18,6% en Finlandia.

La primera cuestión es: ¿Cómo se armonizan los impuestos, bajándolos o subiéndolos? La composición y el tamaño del sector público es, en buena medida, una cuestión política; sólo por casualidad las 12 naciones de la zona euro llegarán a tener en el poder un partido del mismo perfil ideológico (de centro o socialdemócrata, me da igual), con una filosofía similar sobre el tamaño óptimo del Estado. Para que la armonización fiscal fuera posible, los liberales deberían convencer a los socialdemócratas de las bondades de la mano invisible, mientras que los segundos deberían hacer algo similar respecto a los efectos benéficos de la actuación de un Estado fuerte y activo. ¿Es esto factible? Lo dudo.

Otra cuestión está relacionada con la legítima autonomía de cada país para decidir el tamaño del sector público que desee. Unos países disfrutan unos generosos sistemas de protección social (Finlandia), cuyos ciudadanos no parecen muy dispuestos a desmantelar, aún a costa de pagar impuestos confiscatorios. En Bélgica - donde la ratio impuestos/PIB alcanza el 17%- el Gobierno puede amanecer un día con la decisión de reflotar Sabena con cargo al bolsillo de los contribuyentes. Si los belgas están de acuerdo con la operación, dado el cariño que profesaban a su aerolínea de bandera, ¿ lo va a impedir el resto de la eurozona? España, en fin, puede muy bien considerar que posee unas infraestructuras todavía insuficientes, o que le apetece otorgar una subvención - financiada con un incremento en el IRPF- a aquellas mentes preclaras que diseñen programas de ocio alternativo para apartar a nuestros jóvenes del botellón. ¿Nos prohibirán esta medida en Bruselas? No estoy en absoluto defendiendo la subida de impuestos - ya dije arriba que, en mi opinión, el sector privado gasta mejor que el público- , pero sí el derecho de cada país a obrar como quiera en esta materia. Cada país, en mi opinión, debe ser soberano para decidir cuánto quiere gastar y en qué quiere gastar.

Resumiendo, la armonización fiscal no me parece ni factible ni conveniente. Ahora bien, en economía todo es posible. Quizá dentro de un año tenga que retractarme de lo que he escrito hoy aquí.