Blanca Sanchez-Robles

Universidad de Cantabria

Desde hace unos años se empezó a percibir un cambio de mentalidad y de actitud en los sindicatos españoles. Aquellos que hacía 20 años se consideraban a sí mismos enemigos de los empresarios, empezaron a ver la luz: empleadores y empleados no son contrincantes, sino parte de un equipo que debe funcionar con armonía para que la empresa responda a su función social de generar riqueza y empleo para toda la sociedad. En este momento, los sindicatos han modificado sus planteamientos, quizá añorando tiempos pasados, quizá porque el gobierno ha cometido la osadía de intentar otra (necesaria) reforma del mercado laboral, quizá por ambas cosas.

Los sindicatos españoles son muy peculiares. Su número de afiliados es pequeño, se encuentran muy politizados (algo paradójico en un sindicato) pero son intocables y poderosos, como se apreció en los últimos años del franquismo. Los Pactos de la Moncloa - buscando la paz social y la contención de la inflación – consintieron a las centrales sindicales una serie de prebendas, heredadas de años anteriores (los comités de empresa, la estructura de la negociación colectiva, la regulación del despido, entre otras) propias de un escenario corporativista, intervencionista y muy regulado, pero de difícil (o imposible) explicación en una economía moderna.

Creo que no es casualidad que en España coexista esta pintoresca estructura sindical con las tasas de paro más elevadas del mundo civilizado. El mercado de trabajo español está altamente intervenido, lo que lleva a un desajuste entre oferta y demanda de trabajo que genera excesivo paro. ¿Soluciones contra el paro? Liberalizar el mercado de trabajo, emprendiendo sin miedo una serie de reformas. Pero cuando un gobierno lo intenta, los sindicatos olvidan que estamos en el siglo XXI, se colocan la chistera del XIX y protestan. Lógico, si se aferran a los planteamientos vigentes en la Inglaterra de Dickens. Absurdo, si se sitúan en la época actual. Una esquizofrenia de este estilo – plasmada ahora en la convocatoria de huelga general - sólo puede justificarse por razones políticas (no queremos que Aznar abandone la Moncloa sin sufrir las delicias de una huelga general), médicas (los líderes sindicales están cansados, ya a estas alturas de año, y no razonan con claridad) o apelando a algún tercero que haya conducido al cándido Cándido y al inefable Fidalgo al laberinto rocambolesco en el que están inmersos.

¿Argumentos económicos serios para una huelga general? A mi juicio, no los hay.

Una de las distorsiones del mercado laboral que genera más desempleo es la excesiva generosidad de los subsidios de paro, pues desincentivan la búsqueda de empleo. Si queremos combatir el paro, será necesario reducir estos desincentivos. Expertos tan prominentes en economía laboral como Dolado y Jimeno explicaban hace poco en El País que un sistema de seguros por desempleo mal diseñado es perverso: favorece que los parados permanezcan más tiempo sin empleo. A su vez, a más tiempo en el paro, más dificultad para encontrar empleo puesto que el capital humano del trabajador se pierde o estanca. Finalmente, el tiempo excesivo que permanecen muchos en el paro tiene unos costes elevados, tanto personales como monetarios (y financiados, por cierto, por los contribuyentes). Flaco servicio, entonces, haremos a los parados si defendemos el actual statu quo.

Resulta interesante ver lo ocurrido en otros países de nuestro entorno. Así, Holanda ha diseñado un sistema que vincula la compensación por desempleo con la búsqueda de un nuevo trabajo. Si un parado rechaza una oferta de empleo aceptable, se le acaba el subsidio. Cuanto más tiempo permanece en paro, más amplia se vuelve la definición de qué es un empleo aceptable. En la práctica, un parado debe aceptar un empleo análogo en los primeros seis meses de desempleo y cualquier oferta de trabajo tras 18 meses de subsidio. En caso contrario pierde la ayuda estatal. El desempleo en Holanda ha caído en los últimos años desde el 10% al 3%. Economistas tan destacados como Blanchard explican parte de esta bajada del paro aludiendo a la reforma del subsidio.

Respecto al PER, hay poco que añadir. Casi nadie en España ignora que este sistema ha generado un notorio fraude y, en última instancia, un daño a las regiones donde está operativo. Otra casualidad: aquellas donde el paro es mayor y la renta per capita menor.

No sé que ocurrirá el 20 de junio. Lo que sí tengo claro es que yo cumpliré mi horario de trabajo (con permiso de los piquetes informativos: si desean informarme estaré encantada de compartir con ellos algunos datos que quizá les interesen), y es posible que dedique esa jornada laboral a profundizar sobre el problema del paro en España. Espero que el resto de los ciudadanos no sucumba al miedo a los piquetes, los encantos del Mundial, la piscina y la playa y no secunde la huelga. Confío en que los españoles sean lo suficientemente maduros para actuar con sensatez: si queremos una España moderna, desarrollada y con pleno empleo, la solución no es la huelga general.