Blanca Sanchez-Robles

En los ministerios de economía y consejerías de todo el país se prepara el documento que marcará la política económica de 2004: el presupuesto. Con independencia de colores políticos, existe un objetivo compartido por casi todos los que trabajan en este ámbito y que está presente a la hora de diseñar el presupuesto: estimular el crecimiento económico.

Es buen momento para apuntar algunas ideas sobre esta cuestión. Son bien conocidas pero parece conveniente rememorarlas y desempolvarlas antes del nuevo curso.

No es posible enumerar todas las variables de las que depende el crecimiento en el espacio limitado de una columna. Sí me gustaría, no obstante, realizar una síntesis – por fuerza incompleta – que proporcione algunas pistas y elementos de reflexión.

Las razones que explican el crecimiento de los países y regiones podrían clasificarse, de forma muy resumida, en tres categorías: tecnología, apertura al exterior y estabilidad institucional.

Como ya intuyó Solow en 1956 y corroboró Romer en 1986 y 1990, la innovación tecnológica es uno de los grandes motores del crecimiento. El empleo de métodos más modernos y de máquinas más sofisticadas reducen el tiempo de producción de los productos, abaratan los costes, mejoran la calidad del output y, en definitiva, conducen a un mundo más eficiente.

Otro motor del desarrollo es la apertura al exterior. Países tan diversos como Singapur, Corea o Irlanda nos han mostrado que los países y regiones más abiertos al exterior son los que más crecen. Y esta apertura comporta facetas muy diversas: desde la actitud favorable a la implantación de la Inversión Directa Extranjera hasta las importaciones de productos de tecnología puntera, pasando por estrategias empresariales que potencien la conquista de nuevos mercados.

El entorno institucional es, asimismo, de importancia crucial para generar crecimiento. A tenor de la evidencia empírica documentada en muchos trabajos recientes, la definición de los derechos de propiedad, la existencia de una Administración pública eficiente y de dimensiones sensatas, la ausencia de corrupción, un sistema impositivo que incentive el trabajo y el ahorro, la estabilidad económica y política, la disciplina fiscal, entre otros, ayudan a los países y las regiones a ser más dinámicos y alcanzar cotas mayores de bienestar.

La siguiente pregunta que surge es: a la vista de todo esto, ¿Qué puede hacer un gobierno para promover el crecimiento? ¿Gastar más? ¿Construir más carreteras?¿Crear la enésima agencia que evalúe y acredite la calidad de la investigación científica, generando de paso más burocracia? El tema es susceptible de hondo debate, por su proximidad a terrenos más pantanosos, en donde la línea – bastante tenue – que delimita la economía pura de la política se difumina todavía más. Existen, no obstante, abundantes trabajos y ejemplos históricos que respaldan la tesis siguiente: el motor del proceso de creación de riqueza es la iniciativa privada, cuando el estado no invade sus competencias. Este argumento no es nuevo: ya lo inventaron Adam Smith y David Ricardo.

Como nos enseñaron estos economistas, cada cual debe especializarse en aquello para lo que esté mejor dotado. Gracias a la división del trabajo y la especialización prospera él y se beneficia el conjunto de la sociedad (es el conocido ejemplo de Smith de la fábrica de alfileres). Algunos agentes se especializan en generar producción al mínimo coste, y estos agentes se llaman empresas. Otros agentes deben proporcionar el marco legal, garantizar el cumplimiento de los derechos de propiedad, y asegurar la existencia de determinados servicios, como la administración de justicia. Componen la administración del estado en sus múltiples niveles.

Y esta idea, que parece tan obvia, muchas veces se olvida o se oculta bajo el disfraz de actuaciones de política económica muy bien intencionadas pero escasamente productivas. La tarea del gobierno- en lo que respecta a la economía - es proporcionar el marco político, legal y fiscal más adecuado. Más que hacer, el estado debe dejar que otros hagan, lo cual suele dar mejor resultado en las economías modernas, aunque aporte menos votos. Por esta razón son más rentables desde el punto de vista económico (aunque quizá no desde el político) las deducciones fiscales que las subvenciones como instrumento de política económica.

El buen gestor contribuye al progreso de la sociedad tomando decisiones políticas y dejando a otros – los empresarios – que tomen buena parte de las decisiones económicas, entre otras muchas razones porque el político busca votos (y no hay nada malo en ello, es su papel) mientras que el empresario busca el beneficio. Tomar decisiones económicas pensando en los votos no es adecuado, de la misma forma que tomar decisiones políticas con criterios puramente empresariales tampoco es correcto.

Esta distribución de tareas entre administración y empresas, como decía, es una consecuencia lógica de la división del trabajo en las sociedades modernas. Y si este planteamiento se considera injusto o antisocial, habría que preguntarse si también es antisocial que Raúl marquen los goles y Casillas defienda la portería del Madrid. A nadie se le ocurre pensar que Casillas (o Helguera, Míchel...) son menos importantes en el Madrid que Raúl o Ronaldo. Todos son necesarios para que el Madrid gane partidos y campeonatos. La sociedad, en el fondo, es como un equipo de fútbol. Tiene que haber delanteros y tiene que haber defensas; si el equipo funciona bien, unos y otros se reparten el trabajo y no se estorban entre sí.

La demagogia y la invasión de las competencias ajenas son tentaciones omnipresentes, pero no olvidemos que no hay nada más antisocial que poner trabas al trabajo de los demás, particularmente a los empresarios, porque esta conducta genera recesiones, paro y estancamientos. Y una administración pública estará siendo profundamente social (si se puede hablar así) cuando promueva un entorno en el que las instituciones adecuadas prosperen y generen crecimiento.