Blanca Sanchez-Robles

Universidad de Cantabria

Con motivo de la precampaña electoral escuchamos diversos balances de las legislaturas pasadas. Oímos hablar de balances no sólo económicos sino también democráticos, de la lucha contra el terrorismo, e incluso sociales. Con respecto a este último punto, recientemente he leído con asombro que la mayor parte de nuestro país "resulta el gran perjudicado del déficit social agravado acusadamente durante las dos últimas legislaturas". El artículo llega a un diagnóstico tan desolador tras constatar que el gasto social ha descendido a una media anual de medio punto con relación al PIB.

Como siempre, vayamos por partes. En primer lugar, ¿qué entendemos por gasto social? ¿Qué partidas se están considerando? ¿Cuáles han descendido? Una puntualización en este sentido sería muy clarificadora para todos, reduciría la ambigüedad y nos permitiría saber con más precisión de qué estamos hablando.

Por ejemplo, si incluimos (como suele hacerse) en el gasto social las prestaciones por desempleo, la bajada del gasto social no es una mala sino, más bien, una magnífica noticia. Si hay menos paro habrá menos desembolsos en concepto de subsidios. No creo que esto sea poco social sino al contrario.

En segundo lugar, y para aclararnos un poco veamos algunas cifras. Me limitaré a los dos últimos años para facilitar el análisis. Los Presupuestos Generales del Estado de 2004 (PGE2004) destinan a prestaciones por desempleo cerca de 11.100 millones de euros, un 3,7% más que en 2003. Pero esto no es necesariamente poco: para algunos es incluso demasiado. Como ha señalado el Círculo de Empresarios reiteradamente, el dinero destinado a la protección al desempleo debería reducirse con objeto de desincentivar la prolongación de la situación. Si la reforma se hace como es debido, no tiene por qué mermar la eficacia en la protección al desempleo real. Además, los PGE 2004 destinan un 8,8% más de recursos a políticas activas de empleo. Las prestaciones por incapacidad laboral incrementan su dotación en un 14,9% con respecto a 2003 (aunque el coste real de este aspecto es mucho mayor: habría que añadir los costes que soportan las empresas por esta cuestión).

La educación y la sanidad se han transferido a las comunidades autónomas con lo que la financiación de estos ámbitos, en buena parte, no sale ya de las arcas del gobierno central sino de los gobiernos regionales. Por eso las cifras que aparecen en los PGE2004 no representan todo el volumen de gasto en estas partidas, sino sólo la dotación de programas específicos de calidad o igualdad de acceso. Aún así, el presupuesto de la primera crece en un 12,1%. En vivienda, la dotación para 2004 es de 661 millones de euros (a lo que habría que añadir las deducciones fiscales en este ámbito), según el Círculo de Empresarios excesiva e ineficiente: fomenta la compra de viviendas y desincentiva el alquiler.

En resumen, el 49,4% de los PGE 2004 se destinan al gasto social, un 6,8% más que en 2003 y cifra superior al crecimiento estimado del PIB. Expertos de prestigio como el mencionado Círculo considera que en algunos casos los fondos destinados a gasto social son demasiados, no insuficientes. Y a mí personalmente, por más vueltas que le doy, estos números no me hablan de déficit social.

En tercer lugar, y posiblemente más importante que lo anterior, ¿es la mejor forma de hacer balance recurrir al gasto público en una determinada actividad? Esta es una vieja manía de algunos y un nuevo hábito que, más o menos conscientemente, se va introduciendo en la mentalidad de casi todos: somos lo que gasta el gobierno. Si un gobierno gasta mucho en educación, resulta ser un gran impulsor de la educación. ¿No sería conveniente analizar la eficiencia con que se emplean esos recursos? ¿No es igualmente – o quizá más – relevante hablar de las medidas que potencien la actuación de otros agentes sociales? A veces me da la impresión de que no hemos superado todavía la visión del Estado benefactor, paternalista y providente de Hobbes, o de Beveridge, o de Keynes. Y todo esto denota demasiada fe en el estado y escasa confianza en la persona como motor del cambio de la sociedad.

Por otra parte, en este tipo de debates a veces subyace un trade off implícito (y también trasnochado) entre eficiencia y equidad. Según esto, unas políticas que proporcionen resultados económicos positivos necesariamente deben adolecer de insensibilidad social. Otra falacia, que descansa en la famosa imagen de la tarta de proporciones fijas. Si la economía funciona, mejora el tamaño de la tarta y las porciones que corresponde a cada uno (o por lo menos al ciudadano medio) aumentan. Por desgracia el argumento opuesto sí está avalado por los datos: la apuesta por el gasto excesivo y el déficit incontrolado daña la economía y reduce a la larga el bienestar social de una nación.

En todo caso, pienso que la mejor política social es la creación de empleo. Y ahí, de nuevo, los números son contundentes. Desde 1996 se han creado 4.300.000 empleos (más de la mitad de ellos están ocupados por mujeres), y a día de hoy trabajan 16.800.000 personas, más que nunca en la historia de España. Cerca de la mitad del empleo creado en la UE corresponde a España. En el último año se crearon 500.000 empleos. Recordemos que en las legislaturas precedentes la creación de empleo neto fue sencillamente nula. 2 de cada 3 empleos creados desde 1996 son fijos. Han desaparecido los contratos sin protección social.

Asimismo, se ha saneado la Seguridad Social, y se ha aumentado su fondo de reserva en 12.000 millones de euros, lo que a su vez garantiza el pago de las pensiones. Desde 1996 se han creado 450.000 Pymes, se ha mejorado su fiscalidad en todas las figuras impositivas y se ha eliminado el IAE para casi dos millones de Pymes. Los gastos financieros de este tipo de empresas, gracias a los bajos tipos de interés, se han reducido en más de un 45%.

Toda esta batería de datos y cifras puede resultar aburrida, pero me parece necesario saber de qué estamos hablando. Es cierto que queda mucho por hacer en política social; no obstante, afirmar que en España existe un déficit social, y que el país ha perdido calidad de vida y nivel de bienestar (sobre todo sin apoyarlo en cifras) resulta, en el mejor de los casos, frívolo, y en el peor demagógico.

Por supuesto que es legítimo (aunque anacrónico) continuar enarbolando la bandera del progresismo a base de equiparar políticas sociales con aumentos del gasto social, pero al menos seamos un poco más serios a la hora de plantear el debate.