Blanca Sanchez-Robles

Universidad de Cantabria

Últimamente no han abundado las buenas noticias económicas. Por eso supone una grata sorpresa toparse con alguna. El asombro es todavía mayor cuando el origen de la noticia es Alemania, país que últimamente nos ha dado muchos disgustos y pocas alegrías. En la prensa de esta semana se puede encontrar el siguiente titular: "Alemania aborda una reforma radical del mercado laboral para evitar la huida de empresas al Este".

Es cierto que son innumerables las veces que esta nación ha prometido "reformas radicales" que luego no ha llevado a cabo, quizá por el elevado coste político que suponen. En todo caso, el cambio de mentalidad que se percibe en los agentes del país centroeuropeo es esperanzador.

Veamos algunos ejemplos. El sindicato IG Metall, que hasta hace pocos meses estaba obsesionado con la reivindicación progresista y moderna de reducir la jornada laboral, ha cambiado de opinión. Ante la amenaza de Siemens de trasladar parte de su producción a Hungría - el salario medio por hora trabajada es de 26,5 euros en Alemania y de 3,8 euros en Hungría- el sindicato ha aceptado un aumento de la jornada de trabajo en algunas fábricas de teléfonos móviles de 35 a 40 horas a la semana. De momento Siemens deja sus plantas en Alemania y se salvaguardan 2000 puestos de trabajo en territorio germano.

Por otra parte, el comité de empresa de Daimler Chrisler, según información aparecida en la prensa alemana, ha renunciado a un aumento salarial del 3% que se pactó en su día en el convenio colectivo. ¿La contraprestación? Preservar los 100.000 empleos de Mercedes Benz en el país.

Asimismo, hemos oído hablar, en estos días pasados, de que se van a acometer otras medidas, como la reducción en una semana de las vacaciones de determinados trabajadores, el control más estricto del subsidio de paro o la ampliación de las horas de trabajo en otros supuestos hasta alcanzar una jornada media de 42 horas por semana.

Estos hechos dan mucho que pensar. Lo que no han conseguido el Fondo Monetario, la OCDE o la Comisión Europea – que llevan años insistiendo a Europa en general y a Alemania en particular sobre la conveniencia de acometer reformas estructurales y poner límites al generoso estado del bienestar europeo - lo ha logrado un fenómeno llamado deslocalización, que no es otra cosa que la versión actual de la lógica implacable del mercado. Como puede verse, la amenaza de la deslocalización puede resultar muy terapéutica, aunque no se trate de un concepto económico revolucionario, ni mucho menos. Ya en el siglo XIX David Ricardo nos explicó en qué consistían las ventajas comparativas, y otros expertos del siglo XX – algunos nada sospechosos de ser siniestros neoliberales, como Samuelson – han dejado claro que los países se especializan en aquello en lo cual poseen este tipo de ventajas, que en último término se traducen en costes de producción más bajos. El hecho de que las empresas se desplacen hacia aquellos países en los que los costes laborales son menores – siempre y cuando en ellos exista un mínimo de garantías de estabilidad económica e institucional - no es, por tanto, ninguna idea disparatada. Lo que sí resulta grotesco es adoptar, ante estos fenómenos, la política del avestruz, mirando para otro lado, o acusar al capitalismo malvado y a las multinacionales perversas del cierre de plantas que han dejado de ser rentables. Aunque a muchos nos parezca obvio que la postura alemana es la correcta, no todos ven el mundo así. Francia, sin ir más lejos, por boca de su ministro de Economía Sarkozy, ha acusado a Siemens de chantajista y no quiere ni oir hablar (al menos, de momento) de prolongar la jornada laboral. El tiempo, creo yo, pondrá las cosas en su sitio.

¿Cuál será la postura de España? Confío en que seamos prácticos, como lo han sido los alemanes. Es cierto que el salario medio por hora trabajada en España (12,4 euros) es la mitad que en Alemania, pero también lo es que equivale al triple de lo que se paga en Polonia o la República Checa, a cuatro veces la cantidad correspondiente en Hungría, Eslovaquia o Estonia, y a diez veces el sueldo medio en Rumanía o Bulgaria.

Si queremos conservar las empresas situadas en suelo español, está claro que los sindicatos – y también algunos gobernantes - necesitan un cambio radical de mentalidad y de actitud. Deben estar dispuestos a aceptar condiciones de trabajo más exigentes, subidas de sueltos más moderadas y un mercado laboral más flexible. Y los gobiernos tienen que resistir la tentación de subir los impuestos a las empresas o de adoptar otras medidas curiosas, como la limitación de los horarios comerciales o la paralización o retraso de determinadas infraestructuras que son vitales para la competitividad de algunas regiones (como Cantabria, sin ir más lejos).

Un país moderno y sensato se caracteriza por evitar los obstáculos a los motores de empleo, tecnología y riqueza. Hoy por hoy, y por mucho que a algunos no les guste, estos motores son las empresas. Propiciemos unas instituciones y unos mercados de factores y servicios donde los agentes puedan operar con eficiencia. Todo lo demás (subvenciones, promesas de destinar un determinado porcentaje del PIB a I+D, planes de choque pintorescos en determinados sectores) se quedarán en música celestial y en progresía de pacotilla si no logramos adaptarnos a los nuevos tiempos.