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7 febrero   2004

La deslocalización empresarial

Blanca Sanchez-Robles

Universidad de Cantabria

De vez en cuando surge algún término –un poco chirriante en castellano, quizá porque es fruto de una importación lingüística desde otras lenguas no del todo acertada - que está de moda durante varios años, hasta que deja paso al siguiente vocablo. Si al final del siglo pasado fue la globalización, al inicio del presente parece ser la deslocalización. Antes todo el mundo hablaba de la primera, ahora todo el mundo habla de la segunda, hasta el punto que el tema me ha intrigado y he decidido dedicar unas líneas a profundizar en el fenómeno de la deslocalización.

En síntesis, lo que he sacado en claro es que una empresa (normalmente multinacional) se deslocaliza cuando traslada su actividad de un lugar a otro. Esto ya indica que el término es un tanto ambiguo, ya que el traslado de una planta de Philips – pongamos por caso – del bajo Penedés a Moravia es deslocalización para los catalanes y localización – muy bienvenida por cierto – para los checos. No obstante, cada cual ve las cosas, como es lógico, desde su punto de vista.

No es difícil intuir las causas que explican estos cambios de residencia empresarial. Las empresas se mueven buscando costes laborales moderados, estabilidad política, instituciones que otorguen un mínimo de confianza e impuestos razonables. A veces también se busca acceder a nuevos mercados. Cada compañía perseguirá estos elementos en una proporción distinta, pero probablemente todas estas razones pesan en la decisión de instalar una planta en A o en B, o en trasladarla de A a B. Hace años se hablaba también de factores como las infraestructuras o el capital humano. Ahora parece que el protagonismo de estas variables es menor.

No cabe duda de que es necesario también un mínimo de capital social en el país receptor (término acuñado por el economista Abramovitz), consistente en carreteras, puertos, un determinado nivel de educación en la población y una cierta estabilidad política. De hecho, la existencia de esta mínimo en buena parte de los países de Latinoamérica, y su ausencia en casi todos los de Africa, explica que los primeros hayan atraído considerables flujos de inversión directa externa en las últimas décadas, lo que no ha ocurrido (por desgracia) en los segundos. Pero cuando hablamos de países que ya han alcanzado un cierto nivel de desarrollo y estabilidad en sus instituciones, como pueden ser bastantes países de Europa del Este o de Asia, entonces está claro que una empresa elegirá aquel más competitivo en términos de costes laborales (que, en último término, constituyen la partida de más peso en la cuenta de resultados). Y determinados avatares que generan cierta inestabilidad o, al menos, incertidumbre sobre el futuro en los directivos empresariales, como los cambios en los gobiernos regionales o el terrorismo, juegan un papel indiscutible.

Pensemos en lo ocurrido en Cataluña el mes pasado, los tiras y afloja entre sindicatos, instituciones y determinadas empresas que se están produciendo en Cantabria y, en fin, la caída abrumadora en las cifras de inversión directa externa que recibe el País Vasco. Dejando aparte el tema muy complejo de este último, tanto Cataluña como Cantabria constituyen ejemplos muy interesantes. En ambas regiones se ha producido la reciente sustitución del partido en el gobierno por una coalición de izquierdas con ingredientes regionalistas o nacionalistas. No es que los nuevos equipos hayan inaugurado su llegada al poder con expropiaciones masivas, nacionalizaciones o subidas aterradoras de impuestos, pero los hechos parecen indicar que la confianza empresarial en esas tierras no se encuentra en sus mejores momentos. No sabemos exactamente (yo al menos lo ignoro) cuál o cuáles han sido los detonantes, pero todos podemos pensar en determinados detalles (trabas burocráticas a la construcción de una central térmica, nombramiento de un ecologista al frente de la cartera de medio ambiente, por citar sólo un par) que no han debido gustar en exceso a las empresas de capital extranjero localizadas en esos territorios.

Son varias las lecciones que podemos extraer de estos hechos. Está claro que no vamos a competir en costes laborales con Bulgaria, al menos en los próximos 100 años, pero también lo está que las autoridades e instituciones del país local deben ser extremadamente cuidadosas para no ahuyentar a la inversión extranjera, que, como tantas veces se ha dicho en estas páginas, crea empleo, facilita la transmisión de tecnología y know-how más adelantado y en definitiva, potencia el crecimiento económico. Y los puntos en que hay que extremar las cautelas no son nuevos: muchas veces, un tono más conciliador y razonable por parte de los sindicatos; un talante receptivo por parte de las autoridades locales, sin que se dejen engañar por los cantos de sirena de algunos de sus votantes a los que moleste el impacto estético de las empresas en el paisaje y, finalmente, una actitud acogedora por parte de los máximos gobernantes de las regiones, que a veces parecen olvidar que las empresas no son ONGs. Una empresa va a un país o región a ganar dinero, no a realizar una labor asistencial, por lo que afirmaciones del tipo que devuelvan las subvenciones que les hemos dado (que supongo que se harían en broma) están totalmente fuera de lugar y no hacen ningún favor a los ciudadanos de la región o el país receptor.

 

 

 

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