Blanca Sanchez-Robles

Universidad de Cantabria

La semana pasada los institutos Fraser y Cato publicaban la sexta edición del Informe sobre la Libertad Económica en el mundo. El estudio proporciona información detallada sobre el grado de libertad existente en 123 países, mediante el empleo de 37 variables que miden distintos aspectos del marco jurídico, político y económico. El informe parte de la base de que la libertad económica está directamente relacionada con la existencia de un marco legal consolidado, la definición precisa de los derechos de propiedad, una intervención gubernamental limitada, mayor libertad comercial y una política monetaria estable. Es evidente que estos datos deben ser tomados como una aproximación – más o menos sofisticada – a un concepto tan complejo como el de libertad económica; sin embargo, y a pesar de sus limitaciones, ofrecen unas lecciones útiles para académicos y gestores.

Como ya es habitual, Hong Kong ocupa el primer puesto en el ranking mundial, seguido de Singapur y EEUU. Las naciones que ocupan los últimos lugares pertenecen a Africa, América Latina o la antigua Europa del Este. En cuanto a la evolución temporal, el conjunto de los países - que experimentó un descenso en el valor del índice en el decenio de 1970 – ha mejorado en los últimos años. Buenas noticias para la economía mundial, ya que numerosos estudios recientes (De Haan y Sturm, 2000, por citar alguno) han subrayado la correlación positiva entre la libertad económica y el bienestar de la población: un nivel mayor de libertad económica favorece la eficiencia de los agentes e impulsa el crecimiento. En cambio, y en contra de lo que se afirma por algunos, no se ha demostrado hasta la fecha que la libertad económica dañe a los más pobres o exacerbe las desigualdades sociales: uno de los tópicos preferidos por los antisistema, el neoliberalismo salvaje crea pobreza, queda así bastante desprestigiado.

Centrémonos ahora en la evolución del índice en nuestro país. A tenor de los datos, la libertad económica en España ha mejorado de modo sensible en los diez últimos años. España ha pasado de ocupar el puesto 34 del ranking en 1990 al 24 en 2000. En diez años hemos escalado diez posiciones: si la tendencia se repitiera, en 2010 ocuparíamos un atractivo cuarto puesto. La puntuación global que obtiene nuestro país en 2000 es un 7,3 sobre 10. En términos comparativos, gozamos de más libertad económica que dos naciones de la UE, Francia – que ha empeorado desde el puesto 20 en 1990 al 38 en 2000 – e Italia (puesto 35). Estamos, en cambio, en peor situación que el resto de la UE: Reino Unido ocupa el puesto 4, Irlanda el 7, Holanda el 8, Finlandia el 11, Dinamarca el 13, Alemania y Bélgica comparten el 15, y Suecia se coloca en el 19.

El análisis más pormenorizado de los componentes del índice para España también aporta mensajes de interés. Así, se observa que la puntuación correspondiente es especialmente baja en los capítulos referentes al tamaño del gobierno (magnitud del gasto público, tipo marginal máximo, transferencias y subvenciones). En estas categorías no alcanzamos apenas el aprobado. Nuestra calificación es mucho mejor, y ronda el sobresaliente, en la estabilidad monetaria y la libertad comercial. El grado de integridad de nuestro sistema legal obtiene un modesto 6,7. Finalmente, el mercado laboral español muestra una situación precaria, con calificaciones de 3 o 4 en cuestiones como la negociación colectiva, la flexibilidad en la contratación y el despido, y el impacto del salario mínimo en la economía. Otro dato curioso: la facilidad para empezar un nuevo negocio está puntuada sólo con un 5,7.

Estos datos - que deben tomarse con las debidas cautelas, insisto - encierran, no obstante, unas enseñanzas provechosas para nuestros gobernantes y agentes sociales. En síntesis, España ha incrementado sus cotas de libertad económica en la última década, lo que ha favorecido su crecimiento. No estamos aún, sin embargo, al nivel de la mayoría de los países de la UE. Tampoco hemos convergido con la UE en renta per capita. Correlación no implica causalidad, es cierto, pero no resulta inverosímil argumentar que un grado mayor de liberalización en nuestra economía facilitará que la renta por habitante en España alcance la media europea.

El mensaje es claro: si España quiere seguir conquistando prosperidad económica, el gobierno debe hacer caso omiso de huelgas, piquetes, movilizaciones y demás lindezas con que nos amenazan nuestros líderes sindicales. Es prioritario que continúe en la línea de la reforma del mercado de trabajo, la disminución de los impuestos y la reducción del peso del sector público. Son medidas poco rentables en términos de votos, está claro, pero necesarias para el desarrollo y modernización de nuestra economía e imprescindibles en la agenda política de un partido de centro reformista. Seguro que el estudio de estos datos durante el sosiego estival aportará ideas y proyectos a nuestro presidente.