Blanca Sanchez-Robles

Universidad de Cantabria

Un editorial de La Gaceta del pasado martes afirmaba que el déficit público está perdiendo adeptos: cada vez son menos los partidarios de cuadrar las cuentas públicas con números rojos.

En la economía ocurre como en tantas otros campos: ciertas ideas se llevan y otras se pasan de moda. Y existe incluso algunas que, como se dice ahora en el argot de las pasarelas, son "tendencia".

En esta última categoría podemos encuadrar el principio del equilibrio presupuestario.

No me atrevo a calificarlo de moda a ultranza, ya que algunos usuarios – o países – prefieren vestir ropajes más propios de otras épocas, como los déficit públicos. Pero sí puede apreciarse una corriente de pensamiento que alaba las bondades de la estabilidad en las finanzas públicas y critica los desequilibrios abultados.

De una parte, la política fiscal como arma contracíclica no acaba de convencer. También este instrumento ha atravesado, sucesivamente, fases de esplendor y periodos de olvido. En los últimos meses el debate sobre la conveniencia o no de flexibilizar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha generado numerosas aportaciones que se preguntan por las virtualidades de la política fiscal. De hecho, una de las críticas más feroces que se realizan al Pacto es que priva a los gobiernos de un arma presuntamente poderosa de estabilización de la economía, el juego de las modificaciones en el gasto público y en los impuestos. Aunque quizá sea prematuro afirmar que el debate está concluido, sí puede anticiparse que, a priori, el argumento de que la política fiscal es una herramienta indispensable para los gobiernos es cada vez menos convincente.

En general muchos expertos están de acuerdo en que la política fiscal como instrumento contracíclico adolece de muchas limitaciones. De una parte, los plazos necesarios para ejecutar las medidas (elaborar los presupuestos, modificar las normativas fiscales) pueden dar lugar a la paradoja de que la política llegue tarde y resulte contraproducente. Una política fiscal expansiva puede empezar a surtir efecto cuando la economía ya repunta, y viceversa, es posible que una contracción fiscal destinada a moderar un periodo de euforia se deje sentir cuando la economía ya ha comenzado a enfriarse por sí sola. Por otra parte, entre las muchas cosas que ignoramos los economistas destaca la duración y magnitud de los ciclos. En esta cuestión estamos como hace cien años. Quizá mejor, porque ya muchos expertos se han dado cuenta de que cada ciclo es distinto del anterior tanto en lo que respecta al tiempo que transcurre entre las etapas expansivas y recesivas como en lo referente a las variaciones que experimenta el PIB. Por eso quizá se ha abandonado en muchas esferas el nombre de ciclo, que sugiere un fenómeno de ocurrencia y duración predecible, y se prefiere el más ambiguo de fluctuación para referirse a los periodos de bonanza y decaimiento que atraviesa la economía.

Si no se sabe cuándo empieza un ciclo, cuándo termina y cuánto dura, entonces la probabilidad de que una determinada política fiscal tenga impacto en la economía en el momento adecuado y con el signo conveniente es muy escasa.

Por otro lado, y como se ha señalado en los últimos años por numerosos economistas – de muy distintas afiliaciones ideológicas, por cierto - lo que sí parece claro es que las políticas fiscales expansivas acaban pasando facturas dolorosas que menoscaban el crecimiento a largo plazo. En primer lugar porque hay que financiarlas, y a día de hoy no se ha encontrado la piedra filosofal que permita a los gobiernos gastar más hoy sin necesidad de generar deuda pública o aumentar los impuestos mañana. En segundo lugar, porque existe ya bastante evidencia que sugiere que la receta para hacer más competitiva a una economía no pasa – como creen algunos – porque el estado gaste más y proporcione un número mayor de prestaciones públicas a los ciudadanos, sino por reducir el tamaño del sector público. En general y en la práctica, más estado, más regulación y menos competencia son términos equivalentes. A esta conclusión llegan Nicoletti y Scarpetta, en un estudio reciente para países de la OCDE (2003). Estos autores han examinado una extensa base de datos que comprende distintas medidas del grado de regulación de los mercados. Sus resultados más interesantes pueden resumirse en dos: en primer lugar, existe una correlación positiva entre liberalización en los mercados de productos y crecimiento. En segundo lugar, las diferencias en las políticas de regulación en los distintos países de la OCDE explican una parte relevante de sus divergencias en cuanto a tasa de crecimiento.

En la Cumbre de Lisboa de hace unos años los líderes europeos consensuaron una hermosa declaración de principios: el deseo de hacer de Europa la región más competitiva en 2010. El camino para llegar a este laudable objetivo, entonces, quizá no pase por seguir discutiendo sobre la forma de flexibilizar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, continuar argumentando sobre las bondades de la política fiscal o, incluso, insistir en las súplicas al BCE para que baje de nuevo los tipos. Exploremos una vía alternativa, tradicionalmente olvidada en la vieja Europa: la reducción del peso del sector público y la liberalización de los mercados. Estoy bastante segura de que los resultados no nos defraudarán en absoluto.