Blanca Sanchez-Robles

Universidad de Cantabria

Recientemente se ha publicado un estudio sobre las pautas que sigue el ahorro en España. Del trabajo se desprenden algunas conclusiones que causan cierta sorpresa. Por ejemplo, y al contrario de lo que podría esperarse, no existe correlación entre la renta per capita de las regiones y su tasa de ahorro. Las regiones más ricas no son necesariamente las que más ahorran. Cataluña se encuentra prácticamente a la cola en cuanto a niveles de ahorro se refiere, con una tasa de 26,9%, mientras que su renta per capita es la cuarta en el ranking (por detrás de Madrid, Navarra y País Vasco). La región más frugal es Aragón, con una tasa de ahorro de 45,9%, y la que ostenta una propensión al consumo más alta es Murcia, donde el ahorro sólo supone el 19,2 % de la renta. Melilla, una de las comunidades que registra una renta per capita más exigua es, sin embargo, la segunda en términos de su tasa de ahorro. Si se examinan zonas geográficas más amplias, se observa que el ahorro es considerablemente superior a la media española (que se cifra en el 34,4%) en el arco mediterráneo: Navarra, La Rioja y Aragón.

No resulta fácil interpretar estos datos, en primer lugar porque, una vez más, podemos caen en la falacia de confundir correlaciones con causalidades. Las cifras mencionadas indican que, en general, ahorro y renta per capita no se mueven en el mismo sentido, pero tampoco sabemos en qué dirección opera (o no opera, en este caso) la causalidad. Probablemente exista causalidad en ambas direcciones, lo cual enturbia todavía más el análisis. Por eso sería temerario concluir que, a la vista de los datos, el ahorro no genera riqueza, al menos en lo que a España se refiere.

Existe otro tipo de error, más sibilino, que se puede cometer fácilmente a la hora de interpretar estos resultados: si la evidencia empírica no muestra una correlación positiva entre ahorro y renta, entonces cabría concluir que no existe ninguna razón que aconseje a individuos, países y regiones, mantener una tasa de ahorro elevada y, en el caso de las administraciones centrales y locales, evitar caer en el desahorro o déficit.

Los argumentos de esta clase son peligrosos porque encierran una parte de verdad.

Las contribuciones de Keynes atacaron con dureza a los economistas neoclásicos y a sus defensas de la sobriedad y el equilibrio presupuestario como principio para gestionar una economía, y ensalzaron el consumo como modo de reactivar la demanda agregada y crear empleo. El problema estriba en que este tipo de mecanismos es válido sólo a corto plazo. La macroeconomía elaborada en los 90 ha vuelto a sus raíces clásicas para defender que, a largo plazo, el axioma keynesiano no se cumple, y que incluso puede ser perjudicial. Es falso que el consumo genere crecimiento en un horizonte temporal más allá de dos o tres años. El motor de la economía, en cambio, está relacionado con factores como la inversión o la tecnología que, a su vez y en multitud de ocasiones, se adquiere vía acumulación de capital. Esta inversión productiva, a su vez, no sería posible sin una tasa de ahorro adecuada. El crecimiento sostenido a largo plazo, en definitiva, sólo es posible con unas tasas de ahorro suficientemente altas para garantizar unos niveles de inversión elevados.

Estas consideraciones son bien conocidas, pero no está de más recordarlas. Nos encontramos en un año electoral en el plano nacional y postelectoral en los niveles regionales y municipales. Es dudoso que el gobierno central intente captar votos de cara a marzo de 2004 a base de incrementar el gasto público; desde luego no parece que vaya a poner en peligro la estabilidad presupuestaria, costosamente lograda. En algunas CCAA, sin embargo, el gobierno regional ha cambiado de color, y es fácil que aparezcan compromisos adquiridos en campaña, tentaciones socializantes u otras veleidades que lleven a los gobiernos locales a interpretar en un sentido demasiado laxo la Ley de Estabilidad presupuestaria, más conocida como del déficit cero, que también – no lo olvidemos - deben cumplir las autonomías.

A este tipo de gobiernos se les puede hacer una consideración: en primer lugar, no está claro que el ahorro genere riqueza, pero sí lo está que los déficit públicos son deletéreos para la economía (véase el caso de Italia, Alemania o Portugal): generan incertidumbre, expulsan la inversión privada y su financiación crea más problemas de los que resuelve. Puesto que un gobierno local no puede recurrir al señoriaje, normalmente elevará los impuestos o bien emitirá deuda para financiar el aumento de gasto. En ambos casos se resta capacidad de maniobra al sector privado para otorgarle más competencias a un sector público que – oh, milagros de la política! – sabe mejor que nadie lo que conviene a los ciudadanos y lo ejecuta con el grado de acierto más alto. Si se elige la financiación vía deuda, además, se genera un círculo vicioso déficit-deuda que puede convertirse en la pesadilla de cualquier consejero de economía. Las partidas de pagos de intereses por obligaciones adquiridas pueden con facilidad llevarse el 24 o 30% de un presupuesto público, si no se realiza una gestión muy cuidadosa.

En resumen, parece sensato concluir que las regiones y naciones que administren sus cuentas con más cuidado y no caigan en la tentación de gastar por encima de sus posibilidades, disfrutarán de niveles mayores de bienestar económico - porque el crecimiento será más elevado - y de libertad de elegir - porque el estado se limitará a actuar allí donde es necesario, sin invadir esferas que no le competen, y sin detraer, por tanto, un volumen de recursos demasiado alto de los ciudadanos - .