La semana pasada se aprobaba en el pleno del Congreso, con los votos de PP, CiU y CC, el límite de gasto del Estado para 2003, que supone un incremento del 4,1% respecto a la cifra correspondiente a 2002. El ministro Montoro pronosticó que los ingresos fiscales crecerán, asimismo, en un 4,1% en 2003, por lo que de facto este escenario implica mantener la política del déficit cero. La propuesta del ministro no gustó en los escaños socialistas, que replicaron con argumentos que no se caracterizaron por su novedad. Así, una de sus señorías criticó la política fiscal del gobierno aduciendo que beneficia a las rentas más altas. Como se puede apreciar, es un razonamiento apabullante tanto por su brillantez como por su originalidad. Si tuviera 100 euros por cada vez que lo he escuchado, hoy sería millonaria (y por tanto candidata, en virtud de esa tesis, a que me bajaran los impuestos).

Respondiendo a la pregunta enunciada en el título a este artículo, diré que someterse a la estricta disciplina del déficit cero no parece realmente necesario. Todos los expertos están de acuerdo en que, de vez en cuando, los gobiernos pueden – y deben - incurrir en déficit públicos. El problema radica, a mi modo de ver, en cómo definir ese "de vez en cuando".

El déficit público por sí mismo no es algo deseable, sobre todo porque no hay ninguna receta mágica que asegure su financiación sin costes o daños colaterales. La financiación heterodoxa, mediante emisión de oferta monetaria, es impensable (e imposible) en países desarrollados. Impensable porque genera hiperinflaciones sangrientas, que distorsionan y sumen en el caos a los países que las padecen; imposible porque los bancos centrales en las naciones adelantadas son independientes y no responden a las peticiones, más o menos desesperadas, de los ministros de hacienda que les piden un par de billones de euros para financiar un nuevo aeropuerto o un programa de ayuda a los refugiados albano-kosovares.. La financiación ortodoxa, mediante deuda, parece a priori menos perniciosa. Ahora bien, el efecto bola de nieve que genera – más deuda supone más intereses, lo que eleva el déficit y por tanto la deuda necesaria para cubrirlo – hace dudosa su conveniencia ¿Cómo se rompe esa dinámica perversa? En algún momento habrá que subir los impuestos o recortar el gasto drásticamente para frenar el círculo vicioso, y los gobiernos son reacios a este tipo de ajustes, políticamente incorrectos y poco rentables en términos de votos.

Por otra parte, en España hemos convivido con ratios deficit/PIB elevados durante más de dos décadas, aproximadamente desde 1976 hasta la actualidad. En ocasiones la cifra alcanzó el 7%. Nos ha costado mucho, la verdad, pasar de la cultura (o incultura) del déficit y el gasto alegre (y en muchos casos ineficiente) a la mentalidad más saludable de que los gastos deben ajustarse a los ingresos. No veo motivos de peso que aconsejen, a día de hoy, cambiar esta política de nuevo. Quizá diría otra cosa si España estuviera en guerra, si terroristas de Al Quaeda que aún queden por el mundo deciden volar nuestros edificios, o si sobreviene una hecatombe en alguna región española. En alguno de esos casos (esperemos que no sucedan) sería lógico que el gobierno enterrara la doctrina del déficit cero en el baúl de las buenas intenciones y elevara el gasto para combatir ese episodio desagradable. Pero las cosas no son así. La economía española no va mal, y tanto la americana como la europea dan síntomas de recuperación. ¿Necesitamos realmente políticas fiscales expansivas? No estoy segura.

Quede claro que no estoy en absoluto en contra de las medidas de ayuda a la familia que plantean algunos partidos. La baja tasa de natalidad de la población española es, no cabe duda, un motivo de preocupación. ¿Aumentará esa tasa si se conceden una determinada cantidad de euros por el segundo o tercer hijo? Tampoco estoy convencida de ello, fundamentalmente porque los expertos en el tema son escépticos sobre la efectividad de ese tipo de ayudas. Suponer que la gente no tiene hijos sólo por motivos económicos es, me parece, excesivamente simplista. Las soluciones que pretender remediar el problema mediante transferencias son, en consecuencia, quizá algo ingenuas. Y cuando llevan aparejadas un coste al erario público de 6.000 millones de euros, resulta complejo pronosticar cómo se van a poner en práctica esas medidas. ¿Subiendo los impuestos? ¿Bajando las pensiones? ¿Reduciendo las partidas destinadas a educación, exactamente lo contrario de lo que defiende ese partido?

Resumiendo, creo que, hoy por hoy, las bondades de la estabilidad presupuestaria exceden a sus costes. La doctrina del déficit cero no es la panacea, pero a un país como España, demasiado acostumbrado a las delicias del estado del bienestar, no le viene mal escuchar que la disciplina presupuestaria es sana, al menos durante unos años.

Tiempo tenemos para cambiar de opinión.