Blanca Sanchez-Robles

Universidad de Cantabria

Una de las noticias económicas más destacadas de la semana ha sido la apertura de expediente por parte de la Comisión a Alemania, debido a su incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).La previsión de la ratio déficit/PIB para 2002 en este país es de 3,8%. También Francia ha recibido una alerta preventiva de Bruselas: en su caso, la cifra prevista de este indicador para 2002 es 2,7%, y en 2003 alcanzará un 2,9%, peligrosamente cerca del 3%., Aunque las cifras de Alemania son más alarmantes, a primera vista, da la impresión de que el país que va a dar más quebraderos de cabeza a la Comisión no será este sino Francia. El gobierno alemán afirma comprender las razones que llevan a Bruselas a emitir esta reconvención, y manifiesta que está dispuesto a corregir su desequilibrio. Francia, sin embargo, se muestra más reticente a adoptar la disciplina fiscal, y ni siquiera se compromete a llegar al presupuesto equilibrado en 2006.

No son estos los únicos países con problemas en el ámbito de las finanzas públicas. A Portugal se le abrió ya expediente en julio por el nivel excesivo de su déficit. El caso de Italia es más sibilino. Su relación deuda/PIB alcanza la cifra escandalosa del 110% para 2002. Teóricamente no puede reprochársele un incumplimiento del pacto, ya que su ratio déficit/PIB rondará el 2,4% en 2002 y el 2,2% en 2003. De todos modos, ha recibido una advertencia desde Bruselas.

Dos aspectos me parecen destacables en esta situación. De una parte, cuatro de los doce países que se comprometieron a cumplir el PEC lo han infringido ya o están próximos a hacerlo en un plazo cercano. Son países de tamaño considerable, y dos de ellos (Alemania y Francia) han sido, tradicionalmente, las economías más potentes de la eurozona. Quizá la inobservancia del Pacto de estabilidad por países de menor peso político en el seno de la Unión, como Finlandia, o de tamaño más reducido, como Irlanda, resultaría menos preocupante. Sorprendentemente para algunos, sin embargo, estos países han saneado sus cuentas públicas y presentan holgados superávit, mientras que las naciones más fuertes sufren por cuadrar sus cuentas. Este hecho admite, como es lógico, varias lecturas. Me quedaré con una. A mi juicio el episodio muestra que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tan denostado por algunos, es no sólo conveniente sino necesario. Hemos comprobado que algunos de los socios del club de la moneda única se muestran reacios a mantener la estabilidad presupuestaria, quizá porque no creen en ella, quizá porque les es poco rentable en términos políticos, quizá porque no se les ocurren las medidas adecuadas, o tal vez porque fijaron un margen de seguridad muy exiguo cuando diseñaron sus presupuestos. Pero estos motivos no justifican la infracción.

El cumplimiento de los criterios de convergencia especificados en Maastricht fue una condición necesaria, pero no suficiente, para dotar al conjunto de los miembros de la UME del grado de similitud mínimo que asegurara la buena marcha de la economía de la eurozona ante una misma política monetaria. Las autoridades de la UE pronto se dieron cuenta de que era preciso, además, fijar las reglas del juego en el terreno fiscal y para el medio plazo. La política monetaria, como es bien sabido, se diseña y ejecuta para toda la eurozona por el BCE, con un primer objetivo de mantener la estabilidad de precios. La confección del presupuesto, sin embargo, cae dentro de las competencias de cada gobierno. Si no existe un cierto grado de acuerdo sobre el saldo que deba tener este, la política monetaria puesta en práctica por el BCE podría ser ineficaz ante, por ejemplo, políticas fiscales muy expansivas por parte de algún o algunos países, que presionarían al alza los precios. La filosofía que subyace al pacto es clara: si se quiere que una unión monetaria compuesta de países diversos – y con previsibles nuevas incorporaciones - funcione, deben existir mecanismos que aseguren la convergencia fiscal en el tiempo. Esto es lo que busca – con menor o mayor grado de acierto- el PEC. A mi juicio sería profundamente contradictorio - y en último término inútil – compartir la moneda y la política monetaria si existen discrepancias serias sobre cuál es el papel que corresponde a la política fiscal.

En segundo lugar, debe alabarse la postura firme de Bruselas. Si en el mes de febrero defraudó a muchos por su tibieza a la hora de reprender a Alemania, se agradece ahora que no le haya temblado la mano a la hora de abrirle expediente a este país o emitir una alerta preventiva para Francia. Precisamente porque se trata de países clave dentro de la eurozona, y porque el PEC está dando sus primeros pasos, es fundamental que las autoridades competentes sean rigurosas a la hora de exigir su observancia. Lo contrario sentaría un precedente muy desafortunado, que quizá induciría a desobediencias en cadena por parte de los demás miembros de la zona euro y a niveles agregados de déficit/PIB superiores al 3%. El resultado sería, en último término, desconsolador: más inflación, menos empleo y menos crecimiento en la Europa de los Doce. La moneda única acusaría la falta de credibilidad de los países en los que circula y su existencia correría un peligro serio.

Por eso pienso que la Comisión, en este caso, ha actuado de forma correcta. Esperemos que sus advertencias surtan efecto y que los países afectados corrijan sus desequilibrios. Ya no está sólo en juego su propia salud económica, sino la del resto de los miembros de la eurozona. Es necesaria la coherencia por parte de todos, naciones y autoridades.