Blanca Sanchez-Robles

Universidad de Cantabria

Los reajustes en el gobierno de la última semana han llevado a Juan Costa al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Costa tiene una larga experiencia como Secretario de Estado, primero en Hacienda y luego en Comercio y Turismo. También le acompañan dos notas: la discreción y la eficacia. Al hacerse cargo de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo se planteó el reto de convertir a España en uno de los principales destinos turísticos. Es pronto para hacer un balance, pero a tenor de algunos datos en la actualidad España es la segunda potencia turística del mundo.

A los ojos del profano, el Ministerio de Ciencia y Tecnología es una cartera complicada. Tiene pocos años de existencia, de una parte, y de otra sus éxitos o fracasos son difícilmente cuantificables. Un descenso en el paro, por ejemplo, es una alegría para el Ministro de Trabajo, y un aumento en la inflación es una mala noticia en el Ministerio de Economía. Ahora bien, ¿con qué parámetros medimos la calidad y los progresos que realizan la ciencia y la tecnología española?

Existe un indicador (muy querido por algunos): el gasto en I+D como porcentaje del PIB. Esta ratio, sin embargo, tiene serias limitaciones. Gastar mucho no es sinónimo de progresar mucho. A priori, si no se invierte en investigación será difícil obtener resultados, pero la clave, a mi juicio, no es tanto gastar una cantidad elevada de dinero como gastar bien.

Otros indicadores más fiables, a mi modo de ver, son el número de patentes obtenidas por investigadores españoles, o el número de artículos publicados en revistas con impacto. De este último grupo de parámetros puede deducirse que la producción científica española va convergiendo – lentamente, eso sí – con la que se obtiene en los países de nuestro entorno.

En todo caso, parece claro que la ciencia y la tecnología en España no se hallan al nivel que corresponde a nuestro nivel de desarrollo. Desconozco cuáles son las prioridades concretas del ministro, y qué instrumentos puede emplear para ejecutar su tarea. Sí puedo apuntar desde estas líneas una idea que considero relevante.

La mayor parte de la investigación en España se lleva a cabo, hoy por hoy, en las universidades. Estas instituciones se encuentran inmersas en un proceso de cambio profundo, por varias razones: la introducción de la LOU, el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, el descenso en el número de alumnos, entre otros. Estos cambios obligan a replantearse el empleo de los recursos de la universidad española, de modo que se utilicen con más eficiencia. El número de profesores universitarios en nuestro país es relativamente elevado. Su calidad media no es desdeñable. Estos profesores, previsiblemente, cada vez darán menos horas de clase en el futuro. Disponemos de abundante personal cualificado, que a su vez cada vez tendrá más tiempo para dedicar a tareas investigadoras. El potencial investigador que existe, entonces, en la universidad española, es muy grande.

De estas ideas se deduce que una apuesta por la ciencia y la tecnología en España se corresponde, muy probablemente, por una apuesta más seria por nuestra universidad.

En los últimos años se ha avanzado en este terreno, pero falta trecho por recorrer para que pasemos de las palabras a los hechos. Y no es una cuestión sólo de dinero (aunque este aspecto sea importante). Por ejemplo, la figura del investigador no está contemplada como tal en la legislación aplicable a las universidades. En su exposición de motivos, la LOU afirma textualmente que "La Universidad debe (...) reforzar su actividad investigadora", y habla del "compromiso de los poderes públicos de promover y estimular (...) la investigación básica y aplicada en las universidades". La LOU dedica, incluso, un Título (el VII) a esta cuestión. Por desgracia, cuando se baja al terreno de lo concreto se descubre que es complejo (por no decir imposible) contratar, de modo estable, personal investigador. La única opción es hacerlo "por obra o servicio", procedimiento que no otorga demasiadas garantías o estabilidad a los interesados. La otra opción es la figura de profesor contratado, que no parece muy adecuada para personas cuya jornada laboral va a destinarse sólo a tareas investigadoras. Si queremos emplear con eficiencia las horas de investigación de los profesores, a las que me refería antes, es importante que facilitemos su integración en equipos de trabajo, potenciando la contratación de nuevo personal de apoyo.

Sería deseable, a mi modo de ver, que la legislación española abordara este problema y permitiera contratar investigadores, de modo análogo – salvando las distancias – a como una empresa contrata un nuevo administrativo o un nuevo gerente. En este punto es difícil conciliar oferta y demanda. Con cierta frecuencia me encuentro con jóvenes que desean iniciarse en la investigación. Por otra parte, en todas las ramas del saber sobran temas en los que es necesario profundizar. Sólo falta un pequeño detalle: que la legislación me indique cómo debo contratar, con un mínimo de garantías para ambas partes, a uno de estos jóvenes con el fin de que lleve a cabo un determinado proyecto.

No es mi deseo aumentar los quebraderos de cabeza del nuevo ministro planteándole problemas nada más aterrizar en su despacho. Pienso, no obstante, que la ciencia española tiene ante sí un reto, y dispone de potencial, pero carece de algunos mecanismos legales para afrontarlos. Esperemos que Juan Costa nos aporte algunas soluciones, que serán bienvenidas por todos aquellos que, de un modo u otro, tenemos relación con su ministerio.