Blanca Sanchez-Robles

Universidad de Cantabria

Dentro de pocos días Italia reemplazará a Grecia en la Presidencia de la UE. El ministro de Economía italiano ha propuesto un nuevo modelo de crecimiento para Europa: destinar un 1% anual del PIB de la UE a la inversión en infraestructuras.

A primera vista, la propuesta parece interesante. El gasto en infraestructuras puede proporcionar, al menos en teoría, un impulso a la decaída economía europea. Este tipo de inversión pública se ve con buenos ojos por economistas de todo el espectro ideológico. En los últimos años ha surgido un interés creciente por mejorar las dotaciones de transportes y comunicaciones del viejo continente, con la finalidad indirecta de incrementar la productividad y competitividad de las naciones de la UE. Por cierto que este mismo debate surgió en EEUU en 1989, a raíz del importante trabajo de Aschauer, que atribuía el descenso en productividad que había experimentado la economía americana en los años 70 a una disminución del gasto en infraestructuras. El tiempo, sin embargo, mostró que la argumentación de este economista era algo exagerada. La relación entre inversión en infraestructuras y productividad, al menos para la economía de USA, era mucho menos nítida que lo que pretendía Aschauer.

Si se examina la cuestión más a fondo, la propuesta italiana resulta aún más discutible.

Algunos de los problemas que presenta, como el crowding out de otros proyectos de inversión o la posibilidad de que el efecto expansivo llegue a destiempo, se examinaron ya aquí la semana pasada por el prof. Argandoña. Suscribo plenamente sus argumentos y no los repetiré. Me centraré, en cambio, en otras cuestiones.

En primer lugar, me parece encontrar una cierta contradicción en el planteamiento del problema y en su solución. La inversión en infraestructuras no es una herramienta de política de demanda, sino, más bien, de oferta. En consecuencia, actúa sobre todo en el largo plazo. Su capacidad de influir en el ciclo no está clara. Por eso me resulta extraño utilizar la inversión en infraestructuras como vía de escape de la desaceleración que sufre la economía europea.

En segundo lugar, tampoco tengo claro que el modelo de crecimiento de Europa esté relacionado con la inversión en infraestructura. Hablando de modelos, el trabajo de Barro de 1990 diseñó un interesante mecanismo en virtud del cual el gasto público en infraestructura genera crecimiento. ¿En todos los casos?. La respuesta es no. La relación entre la inversión en infraestructura y la tasa de crecimiento es cuadrática: Dicho de otro modo, cuando los países poseen dotaciones escasas de capital público, un incremento en este conlleva tasas más altas de crecimiento. El problema es que la curva tiene un máximo, y a partir de ahí la historia cambia: los incrementos en infraestructura no generan más crecimiento sino menos. Las razones son dos: de una parte, las cuantías crecientes de capital público deberán financiarse con fondos que se detraen al sector privado (aquí esta, nuevamente, el argumento del crowding out). Por otra, incluso la infraestructura está sujeta a la ley inexorable de los rendimientos decrecientes. Poner un aeropuerto en un país que no tiene ninguno ejerce un impacto altísimo en el PIB. Poner el segundo también, aunque menor. Poner un aeropuerto en cada municipio de más de 10.000 habitantes es, muchas veces, un despilfarro de recursos: su impacto en el PIB es prácticamente nulo (aunque el impacto político en la reelección del alcalde de turno sea considerable, pero esta es otra cuestión).

Es obvio que la gran pregunta es: ¿en qué punto de la curva se sitúa Europa? ¿A la derecha o la izquierda del óptimo? No lo sabemos, e incluso probablemente el caso de cada país sea distinto. Ahora bien, teniendo en cuenta la elevada presión fiscal que soportan los contribuyentes europeos me inclino a pensar que es más probable que Europa se encuentre en el tramo decreciente de la curva. Si esto es así, entonces el modelo de crecimiento más apropiado para Europa no es gastar más en infraestructuras de modo indiscriminado – habrá, por supuesto, excepciones- sino, más bien, relanzar la actividad privada mediante una reducción de impuestos y trabas burocráticas. A estas recetas pueden añadirse otras largamente reclamadas por la OCDE: la reforma del mercado de trabajo, la adopción de un sistema de pensiones más en consonancia con la demografía del continente, la introducción de competencia en los mercados de bienes. Existe, además, una cuestión a la que no se está prestando la atención que merece: el gasto en sanidad. El envejecimiento de la población, junto con el aumento en la esperanza de vida y la aparición de tratamientos curativos o paliativos cada vez más caros y sofisticados pueden disparar el gasto en sanidad en unos cuantos años. Y no podemos esperar a que nos estalle el problema entre las manos. Debemos reformar nuestro sistema de prestaciones sanitarias ahora, cuando todavía estamos a tiempo de diseñar una gestión más eficiente de esta partida – lo cual no implica deshumanizar la sanidad - y mientras todavía es posible traspasar ámbitos de competencias al sector privado (lo cual, y a pesar de lo que cree la sabiduría popular, no tiene por qué ser insolidario).

En resumen, soy un tanto escéptica ante las declaraciones ampulosas sobre modelos de crecimiento que deben seguir los países. Los modelos de crecimiento no se imponen, ni requieren grandes diseños. Sólo es necesario aplicar las recetas que, como la Teoría del Crecimiento ha mostrado en sus fecundas aportaciones de los 80 y 90, elevan la productividad de los factores: la liberalización, la competencia, la desregulación, la estabilidad presupuestaria. Así de fácil. O así de difícil, según se mire.