Blanca Sanchez-Robles

Universidad de Cantabria

Las naciones que componen el área latinoamericana nos causaron abundantes sobresaltos a lo largo del año pasado: la crisis argentina, la incertidumbre inicial asociada a la elección de Lula en Brasil, la huelga general en Venezuela, entre otros episodios. Afortunadamente, 2003 está siendo más tranquilo para los países del continente y la actualidad informativa se ha desviado hacia otras zonas, Europa, sin ir más lejos.

Sin embargo - y como se recordaba en una reunión patrocinada por la prestigiosa escuela de negocios Wharton - Latinoamérica continúa siendo una zona de importancia estratégica vital. Posee una cantidad ingente de recursos naturales. En opinión de algunos, la región podría autoabastecerse en el campo de la energía (recordemos que México y Venezuela poseen petróleo, y que las posibilidades de generación de energía hidroeléctrica en Brasil son muy grandes). Su nivel de capital humano tampoco es desdeñable: ha mejorado sustancialmente en la última década y, aunque no alcanza los niveles de los países occidentales, se halla por encima de la media de los países en desarrollo. La región comprende 125 millones de familias, que representan un poder de compra conjunto de más de 1000 miles de millones de dólares, cifras muy superiores a los 10,7 millones de familias norteamericanos y su poder adquisitivo (unos 400 miles de millones de dólares). Ha atraído un volumen importante de la inversión directa externa de los países desarrollados en el último decenio, y su grado de integración comercial con los EEUU es elevado.

Hasta aquí algunas de sus potencialidades. Entre sus principales retos de futuro, pueden mencionarse dos: la consolidación de la democracia y la batalla contra la corrupción.

A diferencia de lo que ocurría hace décadas, hoy se acepta por un gran número de expertos que buena parte de las disparidades en los niveles de renta entre países se explican, a su vez, por diferencias en la calidad de sus instituciones. Algunos estudios recientes del Banco Mundial argumentan que aquellos gobiernos dotados de un grado más alto de conocimientos técnicos, aciertan con mayor facilidad a la hora de plantear las estrategias más adecuadas para promover el crecimiento económico. Los gobiernos menos capacitados, en cambio, son más proclives a guiarse por consideraciones demagógicas - y con frecuencia erróneas - a la hora de tomar decisiones.

La consolidación de la democracia y el fin de la corrupción están estrechamente asociados. Ambos aspectos suponen, en el fondo, la normalización de la vida política en las naciones del continente. Por desgracia, el camino por recorrer en este aspecto es todavía largo. Según Jorge Quiroga, ex - presidente de Bolivia, en Latinoamérica es frecuente la revolución por destrucción: cuando un gobierno sustituye a otro en el poder, provoca una especie de cataclismo institucional, lo que a su vez genera a cabo cambios radicales – y a menudo injustificados – en los organismos y agencias que existían hasta el momento. Estos métodos tan drásticos provocan perplejidad en los ciudadanos y favorecen las actitudes corruptas, el clientelismo y la búsqueda de rentas. No es de extrañar que, según una encuesta difundida hace unos días, en los países iberoamericanos el nivel de confianza en los partidos políticos sea todavía muy escaso (un 7% en Argentina y un 8% en Perú). Quiroga aconseja, en cambio, la denominada evolución por construcción, que permite un grado mayor de continuidad en los servicios públicos y hace más accesibles e inteligibles las políticas públicas a los ciudadanos. Por desgracia, es una tentación común en cualquier gobierno que accede al poder – sea o no latinoamericano - cambiar de arriba abajo los mecanismos y formas de trabajo implantados por su predecesor. El problema estriba en que estas modificaciones son mas violentas en Latinoamérica que en otras naciones avanzadas.

La estabilidad institucional es condición necesaria, pero no suficiente, para el progreso en las naciones del área. Paradójicamente, la modernización gradual de algunas instituciones parece tan o más importante para alcanzar crecimiento económico como las propias reformas económicas en sí. A su vez, un entorno institucional más asentado disminuye las oportunidades de llevar a cabo actuaciones corruptas, generando así mayor confianza en las propias instituciones. Se crea así un círculo virtuoso en virtud del cual la solidez en las instituciones reduce la corrupción, lo que a su vez incrementa la robustez del aparato institucional.

Entre las instituciones clave para el progreso destacan el sistema judicial y las agencias tributarias. Sin un aparato judicial que funcione con una mínima eficiencia, es difícil, por no decir imposible, que exista el grado de protección de los derechos de propiedad y de cumplimiento de los acuerdos necesarios para que el tejido social y económico estén bien engranados. Por otra parte, si el gobierno no recauda ingresos vía impuestos debido al pobre diseño de la administración tributaria, tendrá que recurrir a otros métodos para lograr los fondos precisos para construir carreteras o colegios, o incluso para garantizar un nivel de vida digno a los (muy numerosos) funcionarios públicos. Y esos métodos alternativos – corrupción generalizada, recurso a la deuda externa, monetización de los déficit - han demostrados ser letales en el pasado y, por desgracia, aún no se han erradicado.

Resulta alentador constatar que tanto la investigación de los académicos como la experiencia de los propios protagonistas va delimitando cuáles son los principales frentes en los que se debe avanzar si se quiere elevar el nivel de prosperidad en las naciones del continente. Y, sobre todo, se percibe un cambio de mentalidad muy positivo: cada vez son más numerosos los que han dejado de culpar al malvado capitalismo o a las pérfidas multinacionales de los problemas que existen en el área, y buscan las causas dentro de los países afectados. Identificar correctamente las raíces de los problemas es, con frecuencia, un primer paso hacia su solución.