La Hacienda local en el punto de mira

Blanca Sanchez-Robles

Universidad de Cantabria

La Gaceta de Los Negocios, 3 sept 2001

Informa La Gaceta hace pocos días sobre un hecho alarmante: el 75% de las capitales de provincia han elevado sus impuestos en 2001. Uno de los gravámenes que más ha subido es, paradójicamente, el IAE, condenado a una próxima y (esperada) extinción. Hay casos clamorosos, como el aumento hasta el 35,6% en Oviedo o el 18% en Almería.

No se entiende muy bien este tipo de estrategias por parte de los ayuntamientos. Parece tirar piedras contra el propio tejado, ya que con semejantes subidas de tributos se pone en peligro la supervivencia de un gran número de pequeños comercios o empresarios autónomos. A la larga, el número de contribuyentes bajará y lo mismo puede ocurrir con el total de la cuota recaudada. Estamos ante otro de los casos, frecuentes en economía, de miopía por parte de los gestores: lo adecuado a corto plazo quizá ejerza efectos deletéreos a largo plazo.

El problema es extensivo a las comunidades autónomas, sobre todo ante el considerable aumento de transferencias de los últimos años. El federalismo fiscal que inspira este modelo de financiación descansa sobre un principio laudable: la corresponsabilidad de los gobiernos autónomos. A tenor de esta idea, son ellos los que conocen con mayor exactitud las necesidades de sus respectivas regiones, y son ellos quienes deben cubrir esas necesidades por medio de una adecuada política de gasto. Asimismo les corresponde la – no tan grata – tarea de recabar los recursos necesarios para acometer ese gasto.

Hasta aquí, el argumento es impecable. En la práctica, sin embargo, las cosas no son tan sencillas, ni en cuanto a la planificación del gasto ni en cuanto a la recaudación de los impuestos por parte de las administraciones locales. Me centraré hoy en la cuestión del gasto.

En primer lugar, no está garantizado que la descentralización del gasto público conduzca a una gestión más eficiente del presupuesto. En algunos casos – no digo que en todos – determinados técnicos de las administraciones regionales o locales pueden carecer de la preparación necesaria para diseñar las políticas más convenientes. El callejeo por numerosas ciudades españolas ilustra esta afirmación: la abundancia de zanjas, obras, calles cortadas, aparcamientos que se construyen sin ninguna prisa...pone en duda, al menos, la existencia de una adecuada planificación y gestión. Lo describió muy bien el genial Mendoza en Sin noticias de Gurb; el protagonista recorre Barcelona (pero podría ser cualquier otra ciudad)con la ayuda de un plano y narra sus desventuras: "Me caigo en una zanja abierta por la Compañía Catalana de Gas. Me caigo en una zanja abierta por la Compañía de aguas de Barcelona. Me caigo en una zanja abierta por la Compañía Telefónica Nacional. Me caigo en una zanja abierta por la asociación de vecinos de la calle Córcega. Decido prescindir del plano (...) y caminar mirando dónde piso". A muchos nos pasa lo mismo: perplejos y hartos de sortear agujeros en el pavimento, nos preguntamos si nuestra ciudad se parecerá de por vida a una capital de los Balcanes tras la guerra o si, por el contrario, este tipo de despropósitos puede solucionarse con un estudio más cuidadoso.

De otra parte, la teoría de la elección pública se corrobora por numerosos ejemplos cuando se refiere a los organismos autonómicos. Supongamos que un gobierno regional decide construir una carretera o subvencionar la cría de avestruces en determinadas localidades, en este último caso como alternativa al ganado vacuno que, de vez en cuando, padece ataques de locura. Como no hay ningún almuerzo gratis, es muy probable que algunos alcaldes reciban visitas de potenciales afectados por la expropiación de terrenos, el ruido que generará la autopista, el deterioro del paisaje o la competencia que implica la carne de avestruz. Los alcaldes no son inmunes a las quejas de estos afectados, sobre todo si son votantes (presentes o futuros). El poder, aunque se ejerza en un municipio de 2000 habitantes, crea dependencia. El paso siguiente es fácil de predecir. Los alcaldes protestarán y los proyectos que proponían mejorar la dotación de infraestructuras u ofrecer alternativas a los ganaderos pasan a dormir el sueño de los justos en expedientes polvorientos y olvidados. Es evidente que este tipo de pataleo también cabe ante las autoridades centrales, pero da la impresión – por alguna razón misteriosa- de que el efecto es más potente y eficaz en provincias. El resultado es el que predijo Buchanan: muchas decisiones de naturaleza económica – pero de connotaciones políticas acentuadas - no buscan necesariamente el bien común sino el particular (conservar la butaca de alguno o algunos).

¿Soluciones? Cabe apuntar unas cuantas: los gestores locales deben potenciar al máximo su formación técnica; sería deseable que los ciudadanos exigieran más eficacia y transparencia a las administraciones locales; los presupuestos regionales y locales pueden someterse a mayores controles con el fin de garantizar su oportunidad y adecuación. No es viable que se conceda mayor capacidad de maniobra a regiones y municipios si no se acompaña de una exigencia y responsabilidades superiores de estas entidades.