Fusión imposible

Blanca Sanchez-Robles

Universidad de Cantabria

 La Gaceta de los Negocios, 9 de febrero 2001

Al final no pudo ser. El lunes por la tarde los consejos de administración de Iberdrola y Endesa pusieron punto final al intento de fusión. Las condiciones establecidas por el gobierno "desvirtuaban el sentido económico y estratégico de la fusión", en palabras de Oriol. En particular, la obligación de proceder a cuantiosas desinversiones en activos, el establecimiento de dos marcos regulatorios diferentes con respecto a la comercialización y la pérdida de los costes de transición a la competencia (CTC) propiciaban que la fusión no fuera rentable.

El gobierno aduce, como justificación a las condiciones que impuso a la fusión, que actuó en defensa de la competencia al impedir que el 80 por ciento del mercado eléctrico se concentre en una empresa. Para empezar, hay que decir que no se entiende demasiado, la verdad, por qué con el loable fin de salvaguardar la competencia se impone a dos empresas A y B - que buscan sinergias mediante su fusión en la empresa C - unas exigencias que dan como resultado que C sea menor que A + B. Precisamente la sinergia resulta cuando el todo es mayor que la suma de las partes, es decir, cuando la integración de las compañías genera más beneficios que los que se obtiene a partir de las empresas individuales. En otras palabras, C debe ser mayor que A+B para que la operación tenga sentido. Si se cumplían las condiciones del gobierno, el resultado de Endesa+Iberdrola no iba a ser una empresa eficiente, sino un engendro empresarial demasiado pequeño y difícilmente capaz de competir. Esto lo han visto claro los consejeros de ambas empresas, y por eso han decidido – con acierto, a mi juicio – abortar los planes de fusión.

Como se ha dicho repetidamente en los últimos años y en contra de las ideas sostenidas en décadas anteriores, en la actualidad los macroeconomistas - incluso los amantes del libre mercado - no miran con malos ojos a las empresas de gran dimensión. Ahora entendemos que los costes fijos asociados a la I+D, la instalación de infraestructuras, la necesidad de competir en el ámbito internacional, aconsejan a las empresas crecer en dimensión para repercutir los desembolsos asociados a las partidas mencionadas sobre un volumen mayor de producción, generar así economías de escala y reducir costes.

A su vez, si los mercados son competitivos, una reducción del coste de producción permitirá bajar los precios de los productos, en este caso de la energía, con lo que el beneficio para los consumidores será sustancial. ¿Por qué no funciona este argumento en el caso que nos ocupa? Precisamente, porque los precios en el sector están intervenidos. Por eso a corto plazo la fusión sólo resultaría en creación de valor para el accionista, como afirma el Ministro Rato, pero en el momento en que cambiara el marco jurídico y se desregulara el mercado, los efectos positivos de la fusión se extenderían a toda la sociedad. Por eso me resulta un tanto sorprendente que el gobierno aduzca la defensa de la competencia como la razón que le llevó a imponer las condiciones draconianas que se mencionaran arriba. ¿Cómo puede haber competencia en un mercado donde los precios están intervenidos? Para que exista competencia es necesario liberalizar el mercado, como punto de partida. En ese momento las empresas que realmente son más eficientes podrán reducir precios (lo cual, por cierto, ayudaría a contener la inflación). Comparto en este punto la postura de Jordi Sevilla, del PSOE, cuando subraya la urgencia de liberalizar el sector (aunque uno se pregunta por qué no lo hizo su partido en sus 14 años en el poder). Yo no pertenezco a los consejos de administración de Endesa ni de Iberdrola, pero me imagino que habrán estudiado el tema con el suficiente detenimiento como para asegurarse de que la empresa resultante de la fusión iba a ser capaz de reducir precios, en el momento en que el gobierno decidiera cambiar el marco jurídico. Lo que ya no sabemos es si las empresas que actualmente componen el sector serán realmente capaces algún día de abaratar la electricidad sin recurrir a otras operaciones de fusión o sin ser absorbidas por compañías extranjeras.

Mi lectura de los hechos me lleva a pensar que los técnicos económicos del Gabinete actual – cuya gestión aprecio y alabo con mucha frecuencia en estas páginas – han estudiado con ahínco la filosofía subyacente a las políticas de oferta e intentan aplicarlas a toda costa. Estas políticas, aun siendo importantes, ya tienen más de 20 años de vida y no son precisamente el último grito en política económica. Sus recomendaciones se prestan a interpretaciones confusas y a actuaciones erróneas si no se complementan con las últimas aportaciones sobre la importancia de las economías de escala en el crecimiento económico y en el funcionamiento de la economía. Con el debido respeto y sin ánimo de ofender, da la impresión de que el Ejecutivo ha leído a Laffer pero no a Paul Romer, a Barro o a Sala-i-Martín.

Por otra parte, como es bien sabido, existen fusiones que fracasan ellas solas. En el supuesto en que la nueva empresa hubiera comenzado a no ser eficiente, sus gestores habrían buscado las vías de solución mediante, si era necesario, la separación amistosa, como hemos visto en otros casos. Las empresas fusionadas no necesariamente deben estar unidas "hasta que la muerte las separe". Si la nueva empresa no es operativa, ya se encargará el mercado de lanzar las correspondientes señales a los directivos para que modifiquen su estrategia. Este es un riesgo que, en mi opinión, una economía moderna debe ser capaz de asumir, confiando en que la mano invisible funciona (bastante) bien.

En cualquier caso, está claro que a todos - empresarios, gestores, académicos - nos queda mucho que aprender en el terreno de fomentar la liberalización y la eficiencia. Pero hemos perdido una ocasión de oro de modernizar nuestra economía.