Blanca Sanchez-Robles

Universidad de Cantabria

La pasada semana la Comisión abrió un procedimiento a Francia por infringir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) en 2002, año que la ratio déficit público/PIB alcanzó el 3,1%. Las previsiones sobre el futuro de las finanzas públicas francesas no son muy halagüeñas. En 2003 y 2004 los expertos pronostican unos déficit equivalentes al 3,7% y 3,6% del PIB, respectivamente. No parece tratarse de un caso de quebrantamiento aislado del Pacto sino, más bien, de reincidencia. Y, a su vez, la contumacia en el incumplimiento no es fruto sólo de la desaceleración económica sino, sobre todo, de la ausencia de medidas por parte del ejecutivo francés destinadas a corregir el desajuste. Este desequilibrio, a su vez, comenzó a generarse con el cuantioso aumento del gasto público que llevó a cabo el gobierno socialista de Jospin. Es cierto que es un problema que ha heredado el gobierno actual, pero también lo es que no está dando muestras de la voluntad política necesaria para reconducir la política fiscal francesa y cumplir el Pacto.

A priori, cada país es soberano y libre para ejecutar la política económica de la manera que crea más conveniente. Pero cuando se entra a formar parte de una unión monetaria que tiene determinadas reglas del juego, las cosas cambian. La pertenencia a un club exige el cumplimiento de sus normas de funcionamiento. Si las reglas no gustan, uno se sale del club o no entra, pero no se intenta estar en el club infringiendo las reglas. Si alguien se empeña en cenar en traje de baño en el Club Puerta de Hierro, tiene poco futuro y dos alternativas: enfundarse en un traje o cenar en otra parte. Traje de baño más cena en Puerta de Hierro es, sencillamente, una combinación imposible por una razón muy sencilla: hay otros comensales a los que se debe un respeto también en las formas. Habrá que escoger. Estoy segura de que este ejemplo, algo rupestre, se entenderá bien en Francia, donde tanto la elegancia en el vestir como el saber estar son rasgos destacados en la gran mayoría de sus habitantes. Volviendo a terreno económico, incumplimientos sistemáticos del PEC y permanencia en la zona euro como si no pasara nada son comportamientos antagónicos. Habrá que elegir qué se prefiere, porque hay otros miembros en el club a los que el quebrantamiento del acuerdo no sólo produce un cierto disgusto, sino, sobre todo, un perjuicio económico. Esto no es fácil de conseguir porque hay países expertos en nadar y guardar la ropa, pero al menos habrá que procurarlo.

El cumplimiento de los criterios de convergencia de Maastricht aseguró una cierta homogeneidad entre los países pertenecientes a la zona euro, que de algún modo facilitó que la política monetaria común diseñada en Francfort fuera lo más beneficiosa posible para todos los miembros. Pero si los países de la UEM no comparten unos parámetros de actuación mínimos en cuanto a política fiscal, difícilmente se conseguirá que el BCE diseñe la mejor estrategia. Supongamos que el BCE se propone combatir la inflación mediante una subida de los tipos de interés. Si la medida se combina con una expansión fiscal en un número importante de países de la zona euro, la medida de política monetaria será inoperante. Además, el PEC limita la cuantía de la deuda pública que estará vigente en la zona euro, evitando riesgos de monetización de la misma, lo que pondría en peligro la cotización del euro. Finalmente, es inútil realizar elocuentes y ampulosas declaraciones de principios afirmando que se quiere hacer de Europa el área más competitiva en 2010 (como ocurrió en la cumbre de Lisboa) si no se toman las medidas adecuadas, una de ellas, desde luego, la reducción del peso del sector público y las consiguientes reformas de ciertas categorías de gasto, como la sanidad o las pensiones.

Está claro que todo en la vida tiene un coste, y el cumplimiento del PEC obliga a tomar decisiones impopulares desde un punto de vista político. Reformar las prestaciones al desempleo o las pensiones, dotar la sanidad de más eficiencia ajustando el gasto a las necesidades reales y recortar las partidas sociales tiene un coste en términos de votos que ningún gobierno está en condiciones de asumir. Paradójicamente el coste sería menor si los gobiernos recurrieran al mástil del PEC para hacer oídos sordos a los cantos populistas de sindicatos, pancarteros y otros ciudadanos. Dicho de otro modo, el PEC proporciona una coartada para que los gobiernos de la zona euro corrijan uno de sus viejos vicios: su tendencia excesiva al gasto. Desgraciadamente, y por alguna razón misteriosa, algunos países como Francia y Alemania se dedican a torpedear el pacto en lugar de aprovechar la oportunidad que les brinda. Parece una conducta irresponsable con sus socios de la UE pero también poco inteligente desde el punto de vista de lo que necesitan sus propios países.

El PEC no es perfecto, como bien se ha señalado. Puede y debe mejorarse. Pero lo que no parece coherente, como se ha dicho también hasta la saciedad, es flexibilizarlo y descafeinarlo hasta el extremo de que pierda sus propiedades. Mejor este pacto que ninguno.

Ante una noticia más que alerta de un nuevo incumplimiento del PEC, ante una nueva oleada de comentarios y debates, es necesario mantener la sensatez y primar un valor tan importante como la credibilidad, fundamental si de veras se quiere convertir a la UE en una zona de alta productividad en el futuro.